La Comisión de Educación del Congreso, que preside Luis Dioses Guzmán (Somos Perú), circuló cerca de la media noche un predictamen de ley que será debatido este viernes a las 8 a.m., con propuestas de modificaciones que irían abiertamente en contra de la reforma universitaria.
Una de las propuestas más peligrosas de este grupo de trabajo del Congreso tiene que ver con la creación de una nueva instancia que, por encima de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), revisaría los recursos de impugnación que eventualmente podrían presentar las universidades privadas cuyas licencias han sido denegadas.
Esta instancia tendría por nombre Consejo Nacional de Asuntos Universitarios (CONAU). Según la revisión efectuada por La República, este consejo tendría como integrantes a un representante del Ministerio de Educación, uno de las universidades públicas, uno de las universidades privadas, uno del Poder Judicial e incluso el defensor del Pueblo, cuyas funciones, por mandato constitucional, son distintas.
Es más, a todos ellos se sumaría un sexto integrante designado por los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso. Conforme esta redactada la fórmula, se deduce que incluso un parlamentario, cuya función constitucional es fiscalizar y legislar, podría tener una tarea adicional de resolver los recursos de impugnación.
Desde el Parlamento, Zenaida Solís, del Partido Morado, ha sido la primera en dar la alerta sobre este peligroso dictamen, a través de Twitter, al comparar la conformación de la llamada CONAU con la antigua y cuestionada Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
Moratoria reducida
Por otro lado, en el predictamen se plantea solo un plazo de 120 días (cuatro meses) de moratoria para que no se puedan tramitar solicitudes de creación de nuevas universidades.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo había tramitado un proyecto de ley pidiendo que este plazo sea más bien hasta abril del 2021. Esto debido a que la SUNEDU tiene tareas pendientes como la culminación del proceso de licenciamiento de siete universidades y, adicionalmente, acompaña en procesos de reorganización de 21 universidades públicas.
Es decir, la SUNEDU necesita el tiempo necesario hasta abril del 2021 para cumplir íntegramente con esos procedimientos y la institucionalización de las universidades en forma ordenada, en el marco de la reforma universitaria. Una eventual reducción del plazo a solo 120 días pondría en riesgo el cumplimiento de las tareas pendientes por parte de esta entidad.
Estrella Digital