La Contraloría General de la República informó, a través de un estudio, que tanto la corrupción como las inconductas funcionales generaron pérdidas de hasta S/ 23 millones respecto al presupuesto ejecutado el 2019.
En efecto, fue el contralor Nelson Shack quién sostiene que el Perú tiene un caso de corrupción estructural que ha penetrado a todo el sistema público.
“Hemos terminado el estudio respecto a cuánto pierde el Perú por corrupción anualmente y solo en el 2019 se estima que ascendería a más de 23,000 millones de soles respecto del presupuesto anual ejecutado, esa sería la pérdida que habríamos tenido todos los peruanos por problemas de inconducta funcional y corrupción”, comunicó el titular de la Contraloría.
De igual manera, sostuvo que dicho monto equivale aproximadamente al 15 % de la ejecución total del Presupuesto del Sector Público del año pasado.
Además, Shack consideró que esta situación debe impulsar, entre otros aspectos cambios en los reglamentos para la ejecución de obras con la finalidad de “eliminar o limitar, por ejemplo, el triángulo colusorio que forman un funcionario público deshonesto, un contratista corruptor y un supervisor que apaña estos procesos”.
En otro momento, subrayó que las investigaciones que se vienen realizando en la Contraloría se hacen sin importar la función o el nivel jerárquico porque “la ciudadanía tiene que ver que, caiga quien caiga, la corrupción no puede seguir operando”.
Por otro lado, sobre las garantías a través de créditos bancarias que otorga el Estado por medio del programa Reactiva Perú, el contralor explicó que es el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) el que empezará un control a esa entidad para corroborar si se ha velado o no con el cumplimiento de requisitos y condiciones exigidos para los beneficiarios de los préstamos.
Además, agregó que ya se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) conocer las medidas que se toman para garantiza el objetivo de dicho programa el cual promueve el financiamiento de empresas para que cumplan con pagos y obligaciones de corto plazo, continuando con la cadena de pagos.
Del mismo modo, reveló que la Contraloría acompañará la ejecución del nuevo programa “Arranca Perú”, con la finalidad de propiciar un adecuado uso de los recursos para impulsar la inversión pública en los sectores de Transportes, Vivienda, Agricultura y Trabajo.
Finalmente, Shack aseguró que es importante que la segunda etapa de Reactiva Perú se focalice en las microempresas ya que son las que más requieren del apoyo del Estado, y se cumplan obligaciones con todos los trabajadores.
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