En mayo del año pasado el tribunal ya accedió a entregar al empresario a Colombia por otros hechos, si bien su extradición quedó paralizada por el Tribunal Constitucional mientras resuelve su recurso.
En esta ocasión, vuelve a ser la sección tercera de lo Penal la que da el visto bueno a la entrega -a la espera de la última palabra, que corresponde al Gobierno español- al considerar que se cumplen todos los requisitos para ello.
Colombia le reclama para ser juzgado por unos hechos que, según el tribunal, tanto en ese país como en España podrían ser constitutivos de un delito de cohecho.
Según el relato aportado por las autoridades colombianas, en abril de 2016 una magistrada decretó dos medidas cautelares supuestamente favorables a los intereses de Hyundai Colombia Automotriz, que figuraba como demandante en un pleito con otra empresa, Global Car World SAS.
Poco después, continúa explicando el escrito, un empleado judicial con quien presuntamente se había concertado Mattos visitó a la juez y le comentó que el empresario le enviaba 50 millones de pesos, cantidad que supuestamente le entregó en una caja de zapatos sellada en un centro comercial.
Más tarde, este empleado le entregó la misma cantidad en una clínica de la ciudad y a dicho montante siguieron otros tres pagos más. De cada entrega, según lo declarado por este empleado judicial, la magistrada le daba 10 millones de pesos como recompensa, según el escrito.
Las autoridades reclamantes afirman que hay elementos probatorios de que Mattos entregó un total de 200 millones de pesos (unos 48.000 euros) a la magistrada «no solamente» para «gratificarla» por haber adoptado dichas medidas cautelares «sino también para asegurar ilegalmente que, mientras ella tuviese la dirección de la actuación, no variaría su postura sobre las mismas».
Mattos se opuso a su extradición y esgrimió, entre otros argumentos, la imposibilidad de ser entregado por tener la nacionalidad española y por padecer diferentes problemas de salud.
Pero los magistrados, en un auto que se puede recurrir ante el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, explican que, aunque ha quedado acreditado que sufre distintos padecimientos, esto no puede alzarse «en causa obstativa a la extradición».
Y respecto al argumento de la nacionalidad, recuerda que éste ya fue denegado en el anterior procedimiento de extradición que avaló esta misma Sala, un proceso que actualmente se encuentra suspendido por el Tribunal Constitucional.
Aunque los magistrados admiten que no es de su competencia entrar a juzgar si ocurrieron los hechos que le atribuyen las autoridades colombianas, sí que admiten que «revisten gravedad al afectar al correcto funcionamiento de la administración de justicia» y recuerdan que el «interés legítimo» por salvaguardarlo «justifica la acción de los Estados para su persecución y castigo».
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