La congresista Carolina Lizárraga (Partido Morado) presentó este martes una moción con la que solicita que se anule el archivamiento hecho por el anterior Parlamento de las denuncias constitucionales contra un gruopo de implicados en el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’ o ‘Lava Juez’. La iniciativa busca que estas acusaciones contra contra fiscales y jueces puedan ser vitas por los actuales integrantes del Poder Legislativo.
La moción de orden del día presentada por la parlamentaria por Lima busca que se declare «la nulidad de los actos parlamentarios de declaratoria de improcedencia y archivo en beneficio de los altos funcionarios Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, Tomas Aladino Gálvez Villegas, Aldo Figueroa Navarro, Martín Hurtado Reyes y Duberli Rodríguez Tineo, actuados en el marco de las denuncias constitucionales tramitadas ante los órganos parlamentarios del Congreso disuelto».
La congresista consideró, a través de un pronunciamiento, que «dichos actos parlamentarios carecen de validez» y fueron «realizados de manera contraria a la finalidad constitucional y al interés general». «El disuelto Parlamento no cumplió diligentemente con realizar los procedimientos de antejuicio y juicio político a los fiscales supremos y jueces supremos involucrados en el caso CNM audios. Se trata de revisar lo actuado para evitar que la prerrogativa constitucional se convierta en impunidad constitucional”, sostuvo.
«Blindaje» por interés político
La moción de Lizárraga sostiene que los integrantes del anterior Parlameno que vieron estas denuncias las declararon improcedentes o las archivaron para favorecer a los implicados, ya que impidieron que el Pleno del Congreso los sancione políticamente y la Fiscalía los investigue debidamente. “Dichos actos respondieron a una voluntad obstruccionista y de blindaje que respondía a los intereses y cálculo político de los parlamentarios del Congreso disuelto», indica.
Al respecto, la legisladora del Partido Morado recordó que el anterior Congreso tenia integrantes cuyas propias organizaciones políticas estaban «vinculadas a la corrupción investigada por el Ministerio Público, a tal punto que, el Partido Político Fuerza Popular fue incorporado como una organización criminal. «Como muestra de la relación entre la corrupción judicial y los casos de corrupción de Odebrecht, se logró conocer la existencia de reuniones entre Keiko Fujimori Higuchi y César Hinostroza», agregó.
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