Hasta el momento son once los abogados que renunciaron al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República tras los cambios constitucionales aprobados en el pleno del domingo.
La primera dimisión que se dio a conocer fue la del expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, quien en una carta al legislador de Alianza Para el Progreso (APP), Omar Chehade, titular de ese grupo de trabajo, le señala que las modificaciones constitucionales aprobadas por el pleno del Congreso alteran las bases del sistema democrático que se basa en la división de poderes y el sistema de pesos y contra pesos.
«Considero que la forma cómo se ha presentado ante el pleno de Congreso el dictamen en mayoría sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria cuyo alcance, de manera inesperada y sin la debida fundamentación, ha afectado la autonomía y facultades de los magistrados TC, el defensor del Pueblo, el presidente de la República y los ministros de Estado», señaló.
Los siguientes fueron Pedro Cateriano Bellido, exministro de Defensa y exjefe del Gabinete Nacional, y César Landa, también extitular del TC. El primero no indicó en su misiva las razones de su decisión. El segundo, en cambio, criticó el accionar de la mayoría del Parlamento. «No solo ha desconocido que el Congreso no es un poder constituyente, sino un poder constituido y que las reformas constitucionales para ser válidas deben respetar los límites constitucionales formales».
«La aprobación en el pleno del Congreso de las reformas constitucionales en primera votación para asegurar la inmunidad de cualquier actividad de los congresistas, incluso de los actos de función que podrían constituir infracciones a la ley penal, para que la Fiscalía no los investigue, ni la justicia los procese y eventualmente condene, es una grave involución al fortalecimiento de nuestra democracia representativa en la lucha contra la corrupción política», remarcó en un documento enviado a Chehade.
Posteriormente, se informó que el constitucionalista Javier Alonso de Belaunde tomó la misma medida al considerar que las modificaciones constitucionales «contravienen los parámetros básicos de una debida deliberación y que supone una afectación grave a los principios constitucionales de democracia, gobernabilidad, balance y control de poder».
Poco tiempo después, los abogados Luciano López, Elena Alvites, Betzabé Marciani, Rocío Villanueva y Elizabeth Salmón renunciaron, expresando su rechazo «a la forma en la que se aprobaron, en primera votación, las referidas reformas constitucionales, pues contraviene uno de los principios esenciales de nuestro Estado constitucional, como es el principio democrático, recogido de manera explícita en los artículos 43 y 45 de la Constitución».
«La especial gravedad de esta situación se centra en el impacto de las citadas reformas en el principio de equilibrio de poderes», indican en una misiva.
El abogado Juan Carlos Ruíz Molleda fue el décimo jurista en presentar su «renuncia irrevocable». «Tomo esta decisión, pues no estoy de acuerdo con la forma como el Congreso aprobó las modificaciones a la Constitución sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, de forma inmotivada, en apenas 2 horas, sin la debida motivación, sin dictamen previo, sin debate y deliberación pública, y de espaldas a la opinión pública. No se puede modificar la norma fundamental de esa manera», indicó.
«Este tipo de decisiones afecta la autonomía y facultades de los magistrados del Tribunal Constitucional, del defensor del Pueblo, del presidente de la República y de los ministros de Estado, alterando de esta forma las bases del sistema democrático, que se basa en la división de poderes. Todo esto debilita instituciones fundamentales indispensables para el funcionamiento de la democracia. Necesitamos instituciones fuertes, autónomas para que puedan cumplir con sus funciones, no su socavamiento permanente», agregó.
Samuel B. Abad Yupanqui hizo lo propio en horas de la noche. «Hechos recientes y que son de público conocimiento, como una reforma constitucional apresurada, aprobada en primera votación, que pretende introducir normas que debilitan la institucionalidad, el equilibrio de poderes y que, además, han carecido del debate y reflexión necesarios, me desalientan a continuar integrando la mencionada Comisión Consultiva y, por tanto, me conducen a presentar mi renuncia», se lee en la carta enviada al parlamentario de Alianza Para el Progreso.
RPP pudo conocer que el abogado constitucionalista y exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Ferrero Costa, renunció también al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución.
Las cuestionadas reformas constitucionales
El domingo último, el Congreso aprobó eliminar la inmunidad parlamentaria e introduce cambios en el tratamiento a altos funcionarios públicos, entre ellos, el presidente de la República.
En el caso del mandatario, se modifica el artículo 117 de la Constitución a fin de que también pueda ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad.
De igual forma, se modifica el artículo 99 señalando que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los parlamentarios, miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos, defensor del Pueblo y el contralor por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas.
Con respecto al nuevo texto del artículo 93 de la Carta Magna, se señala que los Congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Además, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten ni por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria, que realicen en el ejercicio de sus funciones.
También indica que los procesos penales contra legisladores por delitos comunes cometidos durante su mandato parlamentario son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.
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