Según han informado fuentes del Ejecutivo, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, está en contacto con las autoridades británicas desde antes de que se produjera el anuncio conocido este sábado, que obliga a los viajeros procedentes de España a guardar una cuarentena de 14 días bajo pena de multa de hasta mil libras (1.072 euros).
La medida, que se ha hecho efectiva esta pasada medianoche, afecta a todo el territorio español y tiene lugar después de que el Gobierno británico haya excluido a España de la lista de países seguros frente a la COVID-19.
Sin embargo, fuentes del Ejecutivo han defendido que España se encuentra en un «escenario de control» de la enfermedad y que estaba previsto que aparecieran brotes, que se están detectando precozmente y controlando de acuerdo con el plan de respuesta temprana acordado con las comunidades autónomas.
En cuanto a los brotes de Barcelona, Lleida y Zaragoza, el Ejecutivo ha explicado que desde los gobiernos regionales se han tomado medidas «muy contundentes» de distanciamiento social, «que han de permitir controlarlos próximamente».
Señala que más de la mitad de los nuevos casos detectados son asintomáticos, lo que muestra el trabajo de cribado que se está haciendo y destaca que la presión hospitalaria se mantiene baja, ya que las camas de enfermos agudos están por debajo de 1.500 pacientes y las camas críticos, en torno a los 160.
Desde el Gobierno se recuerda que los fallecidos por COVID-19 en España con fecha de defunción en los últimos 7 días suman 10 personas y que el país ha realizado más de 4 millones pruebas PCR.
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