Con profundas cicatrices por la muerte de 27 compañeros y seis desaparecidos en 15 años, los periodistas del oriental estado mexicano de Veracruz enfrentan hoy nuevas amenazas a su persona y al derecho de informar, tal y como refleja el asesinato y decapitación de Julio Valdivia.
La cobertura de intensos tiroteos poco a poco queda atrás. Quienes ejercen esta profesión en una extensa región territorial en el Golfo de México afrontan un doble obstáculo parecido al de muchas otras regiones de México, considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Al exterior, a los reporteros de Veracruz los acechan los tentáculos del narcotráfico, autodefensas, cacicazgos, y en el gremio, abunda la falta de capacitación, la improvisación y una brutal precariedad laboral.
El 80 % de más de 200 periodistas encuestados por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, tienen jornadas de más de 8 horas diarias, pocos descansos en fines de semana, sólo a un 8 % les pagan horas extras, un 24 % disfruta de vacaciones y un 73 % reportó salarios mensuales promedio de unos 7.500 pesos (unos 350 dólares).
En las grandes ciudades, un periodista se emplea hasta en cuatro empresas periodísticas. En zonas rurales, combinan la actividad reporteril con otros oficios, desde taqueros hasta vendedores de tamales.
Seis periodistas de zonas claves comparten su visión y desafíos en un estado con más de 71.000 km2 de territorio y colindante con siete estados del país.
Desde la capital veracruzana, la periodista Eirinet Gómez López recuerda que el estado tiene dimensiones de países de Centroamérica y su geografía conlleva una complejidad y problemática particular, con una gran cantidad de intereses gremiales, políticos y sociales.
«Se requiere tener un gran contexto y preparación académica profesional que nos dé principios básicos del trabajo periodístico. Veracruz tiene puntos ciegos y si es difícil para la autoridad observarlo, como periodista requiere cierta capacidad y preparación», insiste la corresponsal de La Jornada. El 47 % de periodistas reveló contar con estudios de licenciatura y solo 9 % de posgrado.
En municipios apartados un número importante ejercen distintos oficios y saltaron al periodismo como Valdivia, quien había sido policía municipal y luego entró de lleno a la «reporteada», con pasión y con la misma motivación que lo llevó a, adicionalmente, vender tamales para sobrevivir, según han expresado sus allegados.
Desde el puerto de Veracruz y con 17 años de fotoperiodista, Patricia Morales admite que para aquellos que estudiaron periodismo o Ciencias de la Comunicación son complicadas las coberturas, pero lo es aún más, y resultan más peligrosas, para quien no tiene preparación académica.
«Ahora es más difícil cuando cualquiera puede ser periodista o fotoperiodista, cualquiera agarra una cámara y toma fotos y a los jefes les sale barato eso. El profesional se va haciendo a un lado», lamenta.
La composición del narcotráfico en Veracruz se modificó desde 2010, cuando el violento Cártel de los Zetas tenía un dominio territorial de casi el 90 % en Veracruz. Posteriormente, cinco cárteles se «dividieron» el estado, que entró en una fuerte espiral de violencia, especialmente hasta el 2016.
Desde el 2010 a la fecha, la cuota de sangre que debió pagar el periodismo es de 27 comunicadores asesinados (24 en Veracruz y 3 en otros estados) y seis desaparecidos, el vigésimo cuarto fue Julio Valdivia, muerto hace una semana.
«Ha habido una normalización a nivel social, entre colegas y la clase política, y eso es muy malo para los derechos de los colegas porque se tienden a minimizar los riesgos», lamenta el activista Israel Hernández.
Las llamadas «zonas silenciadas» se imponen en municipios y amplías regiones. «Quizá los asesinatos de colegas no existen de manera masificada o tan terrible como ocurría hace algunos años, pero ahora hay zonas silenciadas, que no se reportean como se debe, los periodistas no están ejerciendo su derecho a informar», acusa el también periodista, quien en 2017 recibió un impacto de bala en la cobertura de una pugna sindical en el puerto de Veracruz.
El reportero de nota roja del diario El Buen Tono, Gerardo Luna Martínez, realiza coberturas en la región montañosa central. Afirma que continúan altos niveles de violencia relacionada con la disputa de grupos del narcotráfico, lo que mantiene riesgos fuertes con un salario raquítico. «En mi caso tengo un salario base, pero algunos tienen varios empleos, incluso en portales propios para tener un ingreso extra», revela.
En el sur, se enfrentan a problemas de estados colindantes como Oaxaca, Chiapas y Tabasco, regiones con altos niveles de pobreza y una fatídica industria del secuestro y de mafias de tráfico de migrantes.
«De 5 años a la fecha nos tenemos que cuidar más y tomar medidas de seguridad», afirma Armando Serrano, con diez años de experiencia y quien trabaja en el diario Presencia.
A la cobertura de disputas entre cárteles, se añadieron los rifirrafes con los autodefensas, grupos de ciudadanos, en su mayoría ganaderos, fuertemente armados con quienes han tenido roces. «Hemos tratado de evitar ciertas coberturas directas», dice Serrano.
En el norte, la presencia del crimen organizado y sus vastos tentáculos representó en el pasado un grave riesgo, pero hoy, dice el periodista Édgar Escamilla, el problema son los grupos políticos locales.
Uno de los casos más tristemente icónicos fue el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, en un quíntuple homicidio en la Ciudad de México en 2015.
Ambos habían huido de Veracruz alegando amenazas y hostigamiento del gobernador estatal de entonces, hoy preso por corrupción, Javier Duarte.
Escamilla también denunció la creciente precariedad en el gremio periodístico. «Hay empresas que pagan 50 pesos (dos dólares) por nota publicada o 2.000 pesos (unos 95 dólares) a la quincena con entrega de 4, 5, 6, 7, 8 notas diarias. Sin equipo para trabajar, sin vehículos, no hay prestaciones, es una constante», denuncia el recién galardonado con el Premio Estatal de Periodismo de Investigación.
El 79 % de encuestados por el organismo de defensa en Veracruz, tiene dependientes económicos y la mayoría no goza de prestaciones laborales. Y el 46 % carecen de vivienda propia.
En resumen, para Eirinet López, la precariedad laboral y la violencia extrema son un «binomio mortal» para periodistas con poca capacidad para exigir sus derechos.
La violencia contra la prensa en Veracruz es solo un reflejo de las condiciones que viven tantos otros reporteros en el país.
Un reciente informe de la ONG Artículo 19 documentó 406 agresiones contra periodistas y medios de enero a junio. Esto representa un incremento del 45 % en comparación con las 280 agresiones documentadas durante el mismo periodo en 2019.
«Dicho de otra manera, hoy se agrede a la prensa cada 10,75 horas», indicó la organización, quede desde el año 2000 a la fecha ha documentado al menos 134 asesinatos de periodistas en México. En 2020, con el de Valdivia, ya son cuatro los comunicadores asesinados en el país por su labor
Estrella Digital