Carvajal había solicitado su libertad a raíz de que sección tercera de lo Penal decidiese suspender de forma cautelar su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico hasta que se resolviese su solicitud de asilo y protección internacional.
Ahora, en un nuevo auto, los magistrados de la sección tercera argumentan que la prisión incondicional se justifica para asegurar el mantenimiento del procedimiento de extradición y, en su caso, la entrega a Estados Unidos.
«La suspensión de esta materialización es, aún legítima, una maniobra más de dilatar la extradición, que en manera alguna puede favorecer a un prófugo como lo ha sido el reclamado Hugo Armando Carvajal Barrios», observa la Sala.
Recuerdan los magistrados que el reclamado no solo no se presentó ante la Audiencia Nacional una vez que conoció que se había decretado su prisión a raíz de la decisión del Pleno de extraditarlo a Estados Unidos, sino que ha permanecido escondido hasta el pasado 9 de septiembre, cuando fue descubierto en un piso en Madrid y se procedió a su detención.
«Ha existido una auténtica fuga desde el momento en que no ha estado a disposición judicial, independientemente de que no haya salido de España, lo que conlleva la necesidad de mantener su situación actual de prisión una vez ya resuelta judicial y gubernativamente la extradición y solo pendiente de materializar con la firmeza de la denegación de asilo y protección internacional», señala la Sala.
Tras quedar suspendida la entrega a EEUU a la espera de que se resuelva la petición de asilo, Carvajal pidió declarar en una pieza que se abrió cuando fue detenido la primera vez en España y dijo que quería aportar datos sobre ETA y las FARC, si bien después reculó en sus intenciones alegando que había cambiado de abogado.
De este modo compareció como testigo el pasado 20 de septiembre ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para aportar datos que asegura conocer como exresponsable de la Inteligencia venezolana y que serían de interés para España.
Carvajal está reclamado por EEUU por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir drogas en territorio estadounidense.
Cuando compareció por primera vez por su extradición, afirmó que la reclamación de EEUU se basa en acusaciones falsas y responde a motivos políticos por la información de que dispone de la época de Hugo Chávez.
La Audiencia Nacional accedió en 2019 a su extradición al considerar acreditada una conducta vinculada al narcotráfico durante 20 años, así como con la venta de armas a las FARC a cambio de drogas y la protección armada a los cargamentos de cocaína.
EFE
Estrella Digital