Según un comunicado de este grupo parlamentario, López de Uralde argumenta que “este tipo de delitos, pese a estar descritos y sometidos a penas cada vez más disuasorias, aunque todavía muy lejos de las que deberían imponerse en comparación al daño causado, cuentan con un elevado índice de impunidad, siendo además muy compleja su investigación y judicialización”.
En su iniciativa, López de Uralde considera “necesaria una nueva técnica para la construcción de los delitos en contra del ambiente que garanticen realmente la protección del sujeto protegido y el castigo a quien lo dañe”, ya que “en los últimos años se está produciendo un aumento generalizado de los delitos ambientales”.
“Los delitos ambientales no pueden seguir quedando impunes y sólo reconociendo su gravedad en nuestra jurisdicción y en la Corte Penal Internacional podremos abordar sus consecuencias”, según López Uralde.
En su opinión, “la naturaleza no conoce fronteras, los daños son globales y su destrucción debe ser perseguida también globalmente”.
López de Uralde menciona la destrucción de la Amazonía brasileña, que “merece la persecución penal de la Comunidad Internacional”, y también al «ecocidio en el Mar Menor”.
“No podemos seguir mirando hacia otro lado frente a las agresiones al medio ambiente mientras la crisis ecológica continúa agravándose”, subraya el también coordinador de Alianza Verde.
Por ello, en su propuesta insta al Gobierno “a estudiar una política de impulso a la modificación del Estatuto de Roma como vía para incluir el reconocimiento del ecocidio como un delito internacional», así como a «valorar la realización de las reformas procesales y penales congruentes» con ese objetivo en el derecho interno español. EFE
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