Los magistrados de la sección quinta de lo Contencioso cuestionan la petición de protección internacional en España realizada por el exgeneral en un auto dictado el pasado el viernes en el que rechazaron suspender de manera cautelarísima su extradición a petición de su defensa.
Una decisión que no tuvo efectos prácticos dado que ese mismo viernes magistrados de otra sala, la de la sección tercera de lo Penal, dejaron en suspenso la entrega a última hora al constatar que el pleno de la Sala de lo Penal no cumplimentó un auto que debía formalizarse antes de ejecutar la entrega, algo que abordará este viernes.
Al margen de los asuntos que deben solventar los magistrados de la jurisdicción penal, la Sala de lo Contencioso sigue su propio proceso ante el recurso que Carvajal presentó contra el rechazo del Ministerio del Interior a otorgarle el asilo.
En el marco de dicho recurso Carvajal presentó unas medidas cautelarísimas que también le fueron rechazadas por la Sala, que, aparte de reprocharle la «utilización fraudulenta» de este instrumento jurídico, afirma en su auto que no se ha acreditado «mínimamente la existencia de algún riesgo para la vida o la integridad física del interesado» en Estados Unidos.
Los magistrados explican que el exgeneral no solicitó protección internacional hasta transcurrido «más de un mes» desde que entró en España en marzo de 2019 y «solo después de ser detenido e ingresar en prisión».
A la sala le resulta también «significativo» que, una vez quedó en libertad cuando la sección tercera rechazó su entrega -decisión que fue revocada poco después por el pleno de la Sala de lo Penal-, Carvajal no comunicó su nuevo domicilio.
Sin embargo, cuando volvió a ser detenido el pasado 9 de septiembre tras casi dos años en paradero desconocido, es cuando Carvajal retoma su batalla legal y recurre la decisión de Interior de denegarle el asilo.
Todo ello, asegura la Sala, «constituye un elemento revelador de la utilización fraudulenta de unos instrumentos jurídicos previstos para otros supuestos, sin que nada se haya alegado y, mucho menos, justificado al respecto».
Pero además recuerda que la entrega a Estados Unidos, donde le reclaman por delitos de narcotráfico, deriva de su aprobación por el Consejo de Ministros en marzo de 2020, y esta cuestión, explica, es ajena «a la tutela derivada de la protección internacional».
Es por ello que no entra a analizar los motivos de la extradición, porque son «ajenos a la materia que aquí interesa», sin que Carvajal haya ofrecido argumentos, dice, que «en el plano de la protección internacional del que ahora se trata, permitan dar prevalencia» a sus intereses.
A todo este embrollo jurídico en que se ha convertido la entrega de Carvajal se une su citación este miércoles como testigo en el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el marco de unas diligencias sobre la financiación de Podemos que se remontan a 2016 y que el juez instructor reabrió para tomar declaración al exgeneral. EFE
Estrella Digital