Quizá el único reclamo ecuánime se centre en exigir, una vez más, que los países ricos financien directamente la lucha contra el cambio climático y que desembolsen los 100.000 millones de dólares anuales a países con menos ingresos que aceptaron aportar en el Acuerdo de París.
Brasil y México, los mayores emisores latinoamericanos de gases contaminantes, serán protagonistas de la región, en una conferencia decisiva para revertir el imparable ascenso térmico global y mantenerlo en 1,5 grados para el año 2100, como recomiendan los científicos.
ESTRATEGIAS DIFERENTES
«Los Gobiernos de América Latina quieren cosas bien distintas. Históricamente no hay una posición común», afirma a Efe la chilena Maisa Rojas, una de las autoras del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).
La divergencia se puede observar en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, en inglés) que presenta cada país ante la COP26, una lista de compromisos para reducir las emisiones y conseguir que la temperatura no aumente más de 0,5 grados de aquí a 2100.
En esta COP26, «no todos los países de América Latina han registrado sus NDC y Brasil y México no han mejorado sus compromisos desde el Acuerdo de París en 2015», lamenta Rojas.
Según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés), Colombia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Surinam tienen los compromisos más ambiciosos. Estas pautas son vitales como ruta contra la crisis climática y para fiscalizar qué hace cada país.
Colombia, por ejemplo, el segundo país más biodiverso del mundo, promueve reducir el 51 % de sus emisiones de efecto invernadero para 2030, conseguir el 0 % de la deforestación también para ese año y la carboneutralidad -es decir, el equilibrio entre las emisiones de carbono que genera y las que captura de la atmósfera- para 2050.
LOS OJOS PUESTOS EN MÉXICO Y BRASIL
México y Brasil, los únicos países de la región que no han ampliado sus compromisos en estos seis años desde el Acuerdo de París, son precisamente los que emiten más dióxido de carbono (CO2) de toda América Latina y el Caribe, según el Atlas Mundial de Carbono.
Llegar al objetivo climático pasa sí o sí por cambiar el modelo energético convencional basado en combustibles fósiles, defienden todos los expertos consultados por Efe, lo que choca con la polémica propuesta de reforma constitucional del sector energético en México, que relega las energías eólica y solar.
Mientras que Brasil, que llegará a Glasgow sin su presidente, Jair Bolsonaro, a pesar de estar comprometido con conservar la Amazonía, no puede renunciar a la construcción de carreteras y a la minería en la mayor selva tropical del mundo, aseguró esta semana el vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao.
Esas tensiones se repiten en otros países de América Latina.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, sostiene que se pueden ejecutar proyectos de desarrollo extractivistas para beneficio de las poblaciones locales sin poner en peligro el medioambiente. ¿Pero son esos programas compatibles con la lucha climática?
«No, no lo son», responde tajante Rojas. «Creer que esto puede ser compatible con nuestro desarrollo y que todavía nos queremos desarrollar y que tenemos otros objetivos es no entender el problema», añade.
LA DEUDA DE LOS PAÍSES RICOS CON AMÉRICA LATINA
Joseluis Samaniego, director de la división de desarrollo sostenible y asentamientos humanos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal), enfatiza a su vez en una entrevista a Efe que la transición energética y el cambio sostenible estimulan la economía.
Por ejemplo, apostar por las energías renovables hace que «no solo sea más barato cada megavatio por dólar invertido, sino que generas más empleos» afirma.
Pero para impulsar esos proyectos se necesita inversión. Dinero que tiene que llegar desde los países más ricos y responsables de la mayoría de emisiones, como prometieron en el Acuerdo de París.
El economista señala además que en los «ejercicios contables liderados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se están contando los créditos como si fuesen transferencias directas para inversión, pero no lo son».
«Es como si te golpeas y un tercero te ofreciera un crédito para que te vayas al hospital. No es correcto contabilizar como transferencia financiera el incremento de las líneas de crédito», advierte.
El reclamo de más financiación ha unido estas últimas semanas a políticos de espectros políticos diferentes, como a los presidentes de México, Colombia, Argentina y República Dominicana.
Para la Comunidad del Caribe (Caricom), muy vulnerable a la crisis climática, se vuelve «urgente» la llamada a «la solidaridad mundial» para que se proporcionen «fondos dedicados adicionales por año para ayudar al Caribe a responder de manera proactiva a las pérdidas y daños que ya se están produciendo».
Bolivia va un paso más allá y su vicepresidente, David Choquehuanca, pide que se eliminen «las sanciones unilaterales contra terceros países» como Venezuela o Cuba, país que a su vez critica los gastos mundiales destinados a la carrera armamentística, en vez de dirigirlos a la protección del medioambiente.
América Latina, que genera el 8,3 % de las emisiones de carbono globales «tiene la gran oportunidad de empujar para que los países desarrollados materialicen sus compromisos», concluye Samaniego. EFE
Ares Biescas Rue