Así lo ha subrayado a su llegada a la Casa de América para asistir a la celebración del 70 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y mantener un encuentro con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.
“No ha habido elecciones justas, libres ni competidas”, ha destacado albares, que ha recordado que “los opositores que deseaban competir están en la cárcel en estos momentos y exigimos su liberación como venimos haciendo desde agosto”, cuando España retiró a su embajadora en Managua en señal de protesta.
Las elecciones tampoco han contado con “ningún tipo de verificación” por lo que “no tienen ninguna garantía para el Gobierno de España, como tampoco la tienen para la comunidad internacional y la UE”.
El ministro ha señalado que España ha planteado esta cuestión ante la UE y ha encontrado “el respaldo de toda la UE” y del alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell, quien “se ha expresado con mucha claridad”.
También ha mostrado su “solidaridad y cercanía” con el pueblo de Nicaragua y ha reiterado la exigencia de que los detenidos en las últimas semanas sean liberados.
Las elecciones generales de Nicaragua celebradas este domingo se saldarán con una nueva reelección del sandinista Daniel Ortega, en el poder desde 2007, al ser el único candidato porque los opositores han sido detenidos en los últimos meses o se han exiliado por motivos de seguridad.
Los comicios se han caracterizado por una escasa participación debido a que, para muchos, el resultado está determinado de antemano.
Coincidiendo con las declaraciones de Albares, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha publicado un comunicado en el que tilda la convocatoria electoral de “burla” y de ser “unos comicios, a todas luces, fraudulentos” a los que no dará credibilidad ni legitimada alguna.
Además, el comunicado subraya que el Gobierno de España exige a las autoridades de Nicaragua que pongan en libertad “con carácter inmediato e incondicional a todos los presos políticos y manifestantes encarcelados arbitrariamente y que se anulen sus procesos judiciales”.
Pide igualmente que se restituyan y garanticen los derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía y se ponga “fin a la represión y el hostigamiento”, condena el cierre de medios de comunicación críticos con el régimen y exige que se revierta la expulsión de periodistas nicaragüenses, así como la denegación de entrada al país a corresponsales internacionales.
Finalmente, el comunicado requiere al Estado de Nicaragua a que cumpla con los compromisos internacionales contraídos en materia de derechos humanos y con sus propios preceptos constitucionales, así como que se permita el regreso al país de los mecanismos internacionales de supervisión. EFE
Estrella Digital