El diario El Universal publicó hace dos años aproximadamente los datos de los oficios en donde se había solicitado a las instituciones financieras informes sobre las cuentas de la gente cercana al expresidente, lo cual fue el primer aviso de las indagaciones.
Posteriormente, hace apenas un mes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, anunció la presentación de una denuncia en la Fiscalía General de la República en contra del expresidente Peña Nieto, que significa ya un acontecimiento no solo jurídico sino de una relevancia política.
Después del anuncio público en el foro político de la mañanera, vinieron los rumores de una posible respuesta del expresidente Peña Nieto, señalando que existen una serie de videos que están dispuestos a hacerse públicos; sobre personajes importantes de la 4T, incluso de haberse grabado al Presidente Electo AMLO cuando visitó en Palacio Nacional al entonces Presidente Peña, algunos columnistas manejaron las posibles fechas de divulgación de estos.
Ante ello vino lo que podría considerarse el segundo aviso, ya no de Pablo Gómez sino de la Fiscalía General de la República anunciando las tres investigaciones: delitos electorales, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Enrique Peña Nieto, mismas que llenaron el pasado miércoles las primeras planas de los diversos medios de comunicación.
Puede interpretarse así la contención a las indirectas amenazas de la divulgación de un vídeo. Por lo que el expresidente priista deberá analizar nuevamente su estrategia política y jurídica porque él mismo sabe que al águila no se le puede retar. Algunos ejemplos que entendieron esta fórmula están en los subterrenos de la política, calladitos y menos asomando la cabeza.
Ahora bien, si la existencia de dichos vídeos alcanza al actual presidente en su visita en ese entonces a Palacio Nacional, deberá de recordar otra regla Peña Nieto, el actual presidente no perdona traiciones y menos ligadas con temas de corrupción.
Entre estos escenarios aparece el del Estado de México, donde se avecinan las próximas elecciones en el que todo parece indicar que el nieto del fundador del Grupo Atlacomulco el actual gobernador Alfredo del Mazo será el enterrador de dicho bastión. Es así que la situación jurídica de Peña Nieto vale más que una elección estatal como el Estado de México, amén de estar ya enfilándose el tablero político para la sucesión presidencial del 2024, que está última será la más importante y llevar a Peña ante la justicia tendría un efecto político electoral.
Tal y como se mencionó anteriormente el asunto ya se encuentra ante la Fiscalía General de la República, lo que se traduce como una contingencia más peligrosa.
El expresidente priista deberá recordar cuando estuvo en la silla del águila y evaluar su estrategia porque las garras de la justicia lo vayan a alcanzar y sea después de Echeverria el siguiente expresidente que sea llevado ante tribunales. Así es que la mejor defensa del expresidente Peña Nieto será: no retar al águila.
@UlrichRichterM
Abogado y activista, maestro en Ciencias Penales.