La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se ha salvado por poco de ser asesinada, después de que un hombre armado intentase acabar con su vida y el arma que llevaba se le se atascara mientras la apuntaba.
La líder poltica saludaba a sus simpatizantes frente a su casa cuando un hombre salió de la multitud y le apuntó con una pistola en la cara.
El presidente Alberto Fernández declaró que el arma estaba cargada con cinco balas, pero no disparó finalmente por un fallo.
Posteriomente condenó el suceso y dijo que el atentado contra la vida de la Sra. de Kirchner ha sido uno de los incidentes «más graves» desde que el país volvió a la democracia en 1983.
«Podemos estar en desacuerdo, podemos tener desacuerdos profundos, pero el discurso de odio no puede tener lugar porque genera violencia y no hay posibilidad de que la violencia coexista con la democracia», señaló Fernández.
También declaró festivo nacional el viernes para dar tiempo a los argentinos a «expresarse en defensa de la vida, la democracia y en solidaridad con nuestro vicepresidente».
La señora Kirchner está siendo juzgada por casos de corrupción y regresaba de la corte. Ella niega los cargos que le imputan.
La policía ha informado que el presunto homicida, a quien los medios locales identificaron como un brasileño de 35 años, ha sido detenido. Se está tratando de establecer el motivo del ataque.
En las imágenes que han circulado por las redes sociales, se aprecia como una la vicepresidenta saluda la multitud, mientras un hombre que no se le ve, apunta a su rostro con una pistola, pero no termina disparando.
Un portavoz de la policía aseguró anteriormente a la agencia Reuters que se encontró el arma a pocos metros de la escena después de que el hombre fuera arrestado.
En los últimos días, cientos de manifestantes se han reunido en apoyo frente a la casa de la líder argentina de 69 años en la capital mientras se lleva a cabo el juicio.
Cargos que le imputan
De Kirchner está acusada de defraudar al Estado y de adjudicar de manera fraudulenta contratos de obras públicas en su bastión en la Patagonia mientras fue presidenta entre 2007 y 2015.
Si es declarada culpable en el juicio, los fiscales han pedido para ella 12 años de prisión y una suspensión de por vida de la política.
Sin embargo, es la presidenta del Senado por lanto, goza de inmunidad parlamentaria. No sería encarcelada a menos que su sentencia sea ratificada por la Corte Suprema del país, o pierda su escaño en el Senado en las próximas elecciones a finales de 2023