Qatar estaría en el ojo del huracán tras los presuntos sobornos a parlamentarios europeos, descubiertos después de los arrestos de varios políticos. La policía belga incautó dinero en efectivo por valor de unos 600.000 euros en 16 registros en Bruselas el pasado viernes, también se requisaron ordenadores y teléfonos móviles, para examinar su contenido.
Los fiscales sospechan que el estado qatarí trató de influir en el parlamento donando dinero o regalos. El país del Golfo Pérsico ha negado las acusaciones, coincidiendo además en un momento que se está celebrando el Mundial de fútbol.
Entre los arrestados se encontraba la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, que se cree que es una de las acusadas. Se han congelado sus activos bancarios, ha sido suspendida del Grupo de Socialistas y Demócratas del parlamento y expulsada del partido de centroizquierda griego Pasok.
Kaili como vicepresidenta incluía entre sus funciones acuerdos con Oriente Medio y ha sido defensora de Qatar en el pasado. Seis personas fueron detenidas inicialmente, cuatro de ellas sido acusadas y dos liberadas, anunciaron los fiscales en un comunicado, sin llegar a nombrar a ninguno de los involucrados.
Otro de los posibles señaldos sería el miembro del partido socialista belga Marc Tarabella, que confirmó que la policía habia registrado su casa y que se habían llevado un portátil y un teléfono móvil. «La justicia está haciendo su trabajo de recabar información e investigar, lo cual me parece totalmente normal. No tengo absolutamente nada que ocultar y responderé todas las preguntas de los investigadores”, dijo en un comunicado.
Mayor escándalo de corrupción
Los organismos de control y los eurodiputados de la oposición afirmaron que la investigación por soborno, podría representar uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del Parlamento Europeo. «Ciertamente, la noticia es muy, muy preocupante», dijo Josep Borrell a los periodistas el lunes cuando llegó a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE.
La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, declaró que se debía aplicar «toda la fuerza de la ley» en el caso. «Se trata de la credibilidad de Europa, por lo que tiene que desencadenar consecuencias en varias áreas», aseveró.