El Consejo de Ministros italiano avanza que se aplicarán una serie de sanciones administrativas, que no penales, y que se procederá a «la detención administrativa del buque (contra la cual se admite recurso) y, en caso de reincidencia de la conducta prohibida, su decomiso, precedido del embargo cautelar«.
Aunque no se ha especificado la cuantía de las multas, un borrador publicado por los medios de comunicación locales calcula la sanción en 50.000 euros para los barcos y hasta 10.000 euros para el capitán y el propietario del buque si no facilitan la información requerida por las autoridades nacionales.
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Solamente se aplicará en casos de violación de límites territoriales o de prohibición del tránsito, pero se respetarán las situaciones estipuladas en la Convención Derecho del Mar de las Naciones Unidas para la seguridad de las personas recuperadas en el mar.
También se obligaría a los barcos a pedir la asignación en un puerto tras realizar el primer rescate y sin poder subir a más migrantes, no quedó concretada en el decreto aprobado este miércoles.
Esta semana, el buque Ocean Viking de la organización SOS Méditerranée, atracó en Livorno (centro de Italia), tras rescatar a 113 migrantes, lo que formó parte de la nueva estrategia del Gobierno italiano que autoriza el atraque lejos de la zona de rescate por lo que tardan varios días en llegar y después en regresar a los rescates.
Se tratan de los primeros rescates de barcos de ONG después del pulso que mantuvo a principios de noviembre el Gobierno italiano con algunos de ellos al impedir durante días el desembarco de las personas que había rescatado al aplicar su nueva política anti-inmigración.
La nueva norma, permitió solo bajar del barco a los inmigrantes que demostrasen medicamente encontrarse en situación de vulnerabilidad.
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M.M.