El intento de compra de un porcentaje cercano al 30 por ciento de Repsol por parte de la petrolera rusa Lukoil ha llegado hasta el mismo Parlamento, donde el líder de la oposición, Mariano Rajoy, en un discurso claramente socialdemócrata e intervencionista, ha pedido que la petrolera española sea defendida de aventuras que hagan peligrar nuestros suministros de petróleo y gas por decisión, además, de un país extranjero no comunitario.
Rajoy, que se ha olvidado de la gravedad de la situación económica y que a última hora ha cambiado su pregunta en la sesión de control del Gobierno, que incidía sobre el aumento espectacular del paro, para centrarse en lo que se ha convertido en un escándalo político de imprevisibles consecuencias, ha solicitado de la Cámara el blindaje de la empresa española objeto de la polémica.
De esta forma el Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado con el único voto en contra del PSOE y la abstención de la totalidad de los demás grupos políticos, una moción del PP en la que se instaba al Gobierno a impedir que empresas «públicas» o «privadas» procedentes de países extracomunitarios tomen participaciones significativas en empresas energéticas que operan en el mercado español, en alusión clara a la operación en marcha de venta de un 29,9 por ciento de Repsol por parte de la empresa rusa Lukoil.
Una operación que esta teniendo todo tipo de dificultades por lo complicado de su diseño, porque los rusos no ponen un solo euro ya que únicamente se subrogan en el crédito que tiene atenazado a Luis del Rivero y a su empresa Sacyr, por los movimientos que se están produciendo entre los pequeños accionistas de la compañía, que no entienden por qué unos privilegiados pueden vender las acciones al doble de lo que en estos momentos está en Bolsa mientras ellos asisten al derrumbe de la acción, por las implicaciones que la empresa rusa tiene con la antigua KGB y con la mafia, por el papel que el Estado ruso ejerce en ese tipo de empresas energéticas que sirven a la geoestrategia de la renacida Rusia y por las nuevas garantías que los bancos, especialmente el Banco de Santander, pide a la empresa rusa para cubrir la parte del 9 por ciento que pertenece a La Caixa, Caixa Cataluña y a la Mutua.
El paquete de Sacyr le cuesta teóricamente a los rusos unos 6.400 millones de euros, que es la deuda que arrastra la compañía de Del Rivero. Pero además necesitarían un préstamo adicinal de 3.200 millones de euros que financiaría La Caixa y a la que, por lo menos en teoría, podrían acudir accionistas privados.
Todo eso para evitar lanzar una OPA por el cien por cien de la compañía que le costaría 30.000 millones de euros, y que con la fórmula con la que se trabaja no se superaría el 30 por ciento con un coste de 10.000 millones de euros.
Para complicar aún más la situación, las revelaciones del periódico Público, cercano a las posiciones de la Moncloa, sobre una posible intervención del Rey Juan Carlos en todo el proceso, hasta el punto de ponerse en contacto hasta en seis ocasiones con el presidente del Gobierno para apoyar la operación Lukoil, en la que tan interesado estaría el propio primer ministro y ex presidente Putin, sitúa el escándalo en un nivel de mediación que necesitaría de todo tipo de aclaraciones.
José Oneto