No se han escarbado mucho el cerebro en la fábrica de ideas de Zapatero ni en la de Solbes para alumbrar el nuevo plan de apoyo al desfallecimiento de la economía. Ya se había en tiempos de Franco y luego en los de UCD y también como es lógico en tiempos del PSOE. La obra pública es un recurso muy socorrido para generar empleo (naturalmente temporal, desde luego de bajo perfil profesional y generalmente generador de inmigración) en la España periférica. No está claro que entre todo el dinero que se anuncia se destine alguna cantidad a poner remedio, de paso, a alguna de las carencias más ostensibles del país, la falta de capacidad de almacenamiento de agua (en vulgar, pantanos) por ejemplo. Sería una buena oportunidad, ahora que hemos atravesado un verano de grandes privaciones en algunas zonas de la geografía peninsular.
Los autores de la idea no han tenido que echar mano más que de la hemeroteca para ensamblar cuatro ideas, ponerle cifras actuales y repartir golosinas entre los Ayuntamientos, esas instituciones a las que la crisis de la construcción está castigando con especial ferocidad porque han perdido los ingresos de las recalificaciones y de la construcción inmobiliaria. Los presupuestos de los municipios pueden ser este año, y sobre todo el que viene, un auténtico desastre, a juzgar por las evidencias que empiezan a verse. Los Ayuntamientos no quiebran ni llevan sus libros al Juzgado para iniciar concursos de acreedores, pero el estado del sector inspira seria preocupación. Se decía que tras las inmobiliarias, el dominó de la crisis se llevaría por delante a alguna entidad financiera, pero a los que puede llevarse por delante es a algún Ayuntamiento porque los alcaldes, con las masivas entradas de ingresos del mundo inmobiliario que han tenido estos años, no se han dedicado -salvo honradas excepciones- a realizar inversiones sino a incrementar los gastos corrientes y a cultivar el clientelismo, mediante contrataciones masivas, que ahora se encuentran en serios aprietos. Y lo que viene.
Estos días precisamente los Ayuntamientos están embarcados todos ellos en la recaudación del IBI, ese impuesto que empieza a poner los pelos de punta a los propietarios de inmuebles porque llega con subidas generalmente fuertes, aunque lo peor está por llegar. El IBI del año que viene será fino, vaticinan ya la mayoría de los alcaldes.
De momento, el Gobierno ha optado por regar al sector con importantes dádivas que preferiblemente irán a fomentar las obras públicas en los municipios que más necesidades sean capaces de mostrar. La idea no es mala si se tiene en cuenta que el aumento del paro en los últimos meses ha sido escalofriante precisamente en el sector de la construcción, ya que la edificación de viviendas está en estado de coma. Dar la alternativa de empleo en la obra pública a quienes lo perdieron en la construcción puede tener una eficacia aceptable, aunque no exactamente compensatoria.
Lo malo del plan del Gobierno es que sigue sin afrontar -aunque lo identifica- el problema del sector industrial, que es en donde está hoy por hoy la segunda base más importante del empleo privado en España (la primera es el turismo y el ocio), una base que se está viviendo abajo con rapidez considerable. Lo estamos viendo en el sector más multiplicador de la industria española, el del automóvil, al que el plan anticrisis del Gobierno dedica algún dinero, pero muy lejos de las medidas (no tanto ayudas) que el sector debería poner en marcha, algunas públicas, otras de la propia industria, para dar un paso en la mejora de la competitividad exterior. En esta crisis se está viendo que una parte de la reducción de producciones en este sector (y en otros sectores industriales también) está respondiendo a una ostensible debilidad de la demanda, pero hay también una parte de la reducción productiva que se justifica por el traslado a otras plantas no españolas de los compromisos de producción. Los sindicatos están muy atentos a la hora de desbrozar las cifras de los ERE en marcha o en negociación, pero no siempre es fácil separar una cosa de la otra. Es decir, esta crisis la aprovecharán algunas multinacionales para expatriar capacidades de producción y deslocalizar industrias de forma parcial. Contra ello quizás se pueda luchar de algunas formas, pero la más eficiente y de mayor futuro sería la de proveer al sector de unas condiciones competitivas más en líneas con las de otros países, quizás esos mismos que se beneficiarán en el futuro de nuestra falta de competencia.
Primo González