En estos primeros ocho años del siglo XXI se han producido dos acontecimientos que alteran las concepciones políticas y sociales de los Estados arrastradas de la centuria pasada. El primero fue el ataque terrorista el 11-S del 2001 en Estados Unidos, que obligó a los poderes públicos a reformular la ecuación libertad-seguridad, enfatizando la segunda sobre la primera. El otro acontecimiento que ha variado la concepción de los Estados es la recesión económica que vive el mundo occidental y que ha exigido a las Administraciones públicas socorrer al sistema financiero y amparar a la llamada economía real interviniendo en uno y otra de forma resuelta y decisiva.
La consecuencia de estos fenómenos históricos es que el Estado ha cobrado un protagonismo repentino para garantizar el orden y la ley y para sostener el entramado económico-financiero. Quién suponga que estos hitos no conciernen a las ideologías dominantes, se confunden. Las crisis terrorista y económica requieren repensar y reescribir conceptos políticos que todos creímos plenamente consolidados, y sobre todo uno: la primacía de lo particular sobre lo público y de lo individual sobre lo colectivo. Al fallar los mecanismos de seguridad ante la delincuencia terrorista y las pautas de autorregulación del libre mercado ante los desafueros especulativos, la dicotomía izquierda-derecha queda todavía más diluida de lo que estaba.
Todos los gobiernos, sean del signo ideológico que sean, actúan de manera muy similar, apenas sin margen para poner en práctica políticas alternativas. ¿Qué diferencia existe ahora entre Bush y Brown, por poner el ejemplo de un liberal y un socialdemócrata? Apenas si existen: ambos dirigentes están dando cara al terrorismo y a la crisis económica con recetas casi idénticas. Recetas que tienen un denominador común: el Estado interviene con protagonismo aplastante y sin que nadie lo ponga en cuestión.
Creo que esta reflexión es importante hacerla en España. Aquí la distancia entre la izquierda y la derecha se ha construido sobre políticas simbólicas, sobre el esquema social de valores cívicos imperante y sobre el entendimiento de los elementos definitorios del Estado y de la Nación española. Pero todos estos argumentos de confrontación tienen mucho de anacrónico y son, por ello, perecederos. Pasará el debate sobre la memoria histórica; la unidad territorial no podrá quebrantarse y se impondrá una tendencia a converger en torno a los asuntos de carácter moral hasta encontrar un común denominador que ha de ser cohesivo y, por tanto, bastante menos «progresista» de lo que el Gobierno parece desear con desconocimiento de la realidad social española.
La oposición conservadora -el Partido Popular- está votando favorablemente las medidas excepcionales para combatir la crisis que articula el Gobierno socialista y éste asume la filosofía general en la Unión Europea, que no es precisamente socialista. Y superado el imposible «proceso de paz» con ETA, el Ejecutivo del PSOE practica una política policial que en nada sería diferente a la del PP. O sea, que si la visualización de la alternancia mediante la apreciación de políticas distintas ya era difícil, ahora lo es más con la omnipresencia del Estado como instancia de solución y de intervención. Y aun cuando queden superadas las fases agudas de las crisis, los poderes públicos no retrocederán para restablecer las tesis más radicalmente liberales -Bush abandona física e ideológicamente la Casa Blanca-, ni tendrán sentido tampoco las políticas nacionalistas y proteccionistas propias de la izquierda menos evolucionada.
Con todo, el desafío que representa el regreso del protagonismo del Estado se dirige más a la derecha que a la socialdemocracia, porque con la intervención estatal una parte de la derecha -esa que representaba Greenspan- ha entrado en caducidad.
José Antonio Zarzalejos