La crisis ha vuelto ha poner de relieve los problemas asociados a la inmigración en Europa. Especialmente en países como España e Italia, donde el número de inmigrantes había crecido rápidamente al compás de una actividad económica que ahora frena bruscamente.
En España hemos pasado de 350.000 inmigrantes en 1996 a 5,2 millones hoy, es decir, del 1 al 12% de la población. Si los hemos asimilado sin demasiados problemas era porque los necesitábamos para compensar una demografía vacilante y para responder a las necesidades de mano de obra. Ahora que la recesión crea paro y aumenta la demanda de servicios sociales pondremos a prueba nuestra real capacidad de integración.
Pero no es sólo un problema español sino que se plantea a escala europea con repercusiones políticas y sociales de las que no somos suficientemente conscientes. Dentro de poco los europeos sólo seremos el 5% de la población mundial. Y nuestra media de edad será el doble de la de los habitantes de los países que nos rodean en un arco de inestabilidad que va desde Gibraltar hasta el Cáucaso. Y además seremos muy dependientes de las importaciones de energía.
Pocos, viejos y dependientes, no es una perspectiva muy halagüeña. Y en ella la emigración aparece como un problema y como una solución. Las previsiones demográficas dicen que habrá que «importar» unos 25 millones de personas en edad de trabajar para suplir la pérdida de población activa que va a sufrir Europa como consecuencia de dinámicas demográficas que ya no son reversibles a corto plazo. Porque reproducirse, como recordaba el ex canciller Schmidt, lleva algún trámite y la creciente precariedad laboral y las dificultades de acceso a la vivienda no son los mejores estimulantes para que nuestros hijos nos hagan abuelos.
A corto y medio plazo no le queda a Europa otra solución que acoger emigrantes. Por eso son tan importantes decisiones como la del reciente Pacto Europeo sobre la Emigración y el Asilo, aunque su contenido sea discutible, o las directivas «Tarjeta Azul», sobre las condiciones de admisión de inmigrantes con fines de empleo altamente cualificado, y la de «Ventanilla Única» que establece un procedimiento común de solicitud de permiso único de residencia y trabajo en un Estado miembro que hemos debatido en el Pleno de Estrasburgo de la pasada semana.
Porque la cuestión no es sólo cuántos emigrantes queremos y podemos acoger, sino cuáles y cómo. Últimamente se hace sentir la necesidad de inmigrantes cualificados y no sólo mano de obra barata para la construcción y los servicios. Con todo lo que ello implica para quitar a los países en desarrollo parte del capital humano que les hace desesperadamente falta. En realidad ya hay más médicos de Malawi en Manchester que en todo Malawi. El 50% de los doctores y el 70% de las enfermeras africanas están en Europa. Y es que a pesar de disponer de las mejores universidades del mundo, Europa no es capaz de producir los médicos que necesita y ha de ir a buscar los pocos que hay en África.
Frente a los países de inmigración tradicional, como EEUU, Canadá o Australia, la UE ocupa un puesto relativamente bajo en la competición por trabajadores altamente cualificados. Sólo el 5,5% de los trabajadores altamente cualificados del Magreb vienen a la UE, mientras que el 54% eligen EEUU o Canadá. La UE cuenta con menos del 2% del total de los inmigrantes altamente cualificados, muy por debajo de Australia (10%), EEUU (3,2%) o Suiza (5,3%).
Ello es en parte debido a los 27 sistemas de admisión diferentes que hay en la UE, lo que dificulta su movilidad en nuestro mercado interior. Esos proyectos de directivas que acabamos de votar en el PE quieren dar respuesta a este problema, complementando los sistemas de admisión de cada Estado miembro, que seguirán controlando su mercado laboral.
La directiva «Ventanilla Única» establece un procedimiento común europeo para la solicitud de un permiso único de residencia y trabajo. Pretende reducir las diferencias existentes entre los derechos de los trabajadores europeos y los de los emigrantes, garantizando la igualdad de trato en el ámbito profesional.
La directiva «Tarjeta Azul», inspirándose en la tarjeta verde de EEUU, permitirá al inmigrante que encuentre un empleo en la UE disponer de un permiso de trabajo de tres años renovable. Después de tres años de residencia legal en un Estado miembro como titular de una tarjeta azul podrá instalarse en un segundo Estado miembro en las mismas condiciones laborales que en el primero.
A lo largo del procedimiento legislativo se han manifestado importantes diferencias entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, especialmente en lo referente a los requisitos de admisión.
Los eurodiputados pedimos que el demandante de una tarjeta azul deba acreditar un título universitario reconocido por los Estados miembros o una experiencia profesional equivalente de al menos cinco años, mientras que la Comisión sólo requería tres años.
La UE debe ofrecer sueldos suficientemente atractivos a los inmigrantes altamente cualificados para poder competir con las ofertas laborales de países como EEUU, Canadá o Australia. Por ello, en el PE hemos pedido que el sueldo percibido por estos trabajadores sea, al menos, 1,7 veces el salario anual bruto medio de un trabajador de la UE y que no pueda ser inferior al sueldo que percibe un trabajador comparable en el Estado miembro de acogida. El Consejo de Ministros es menos exigente y propone un sueldo 1,5 veces mayor a la media.
En respeto del principio de «preferencia comunitaria», y para conseguir el acuerdo de los nuevos Estados miembros, la «tarjeta azul» no entrará en vigor antes del fin de la moratoria impuesta a la libre circulación de trabajadores de los países de las últimas ampliaciones de la UE en el 2004 y el 2007.
Esa necesaria armonización de políticas de estímulo y admisión plantea el riesgo de crear una fuga de cerebros o al menos de personal calificado de los países en desarrollo. Por ello el PE ha pedido a los Estados que no contraten a personas muy cualificadas en sectores en los que existe escasez de especialistas en el país tercero, como la sanidad o la educación. Pero me temo que eso se quede en invocaciones piadosas sin efectos prácticos. Por ello los socialistas europeos hemos pedido que por cada profesional cualificado que venga a Europa se costee la formación de un nuevo profesional en el país de origen, compensando así su pérdida de recursos humanos (enmienda presentada por el socialista español Javier Moreno).
Si el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de los próximos 27 y 28 de noviembre está de acuerdo con las enmiendas del PE, la directiva será adoptada. Con ello se lanzaría un doble mensaje: la determinación de gestionar los flujos migratorios en un mundo cada vez más globalizado y la importancia que otorga la UE a la capacidad técnica del factor humano en el marco de la Estrategia de Lisboa.
Pero la ocasión también es buena para recordar que la UE debería luchar para evitar su propia sangría de recursos humanos. Y es que cada año decenas de miles de europeos altamente cualificados se van a trabajar a EEUU. Allí hay ya mas de 500.000 investigadores europeos altamente calificados contribuyendo a aumentar el diferencial tecnológico entre los dos lados del Atlántico. Y mientras, nosotros procuramos atraer a los de nuestros vecinos africanos. Son cosas que ciertamente dan que pensar… [email protected]
Josep Borrell