Dos años después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se declarase competente para investigar los vuelos secretos de la CIA con aviones militares que hacían escala en España con supuestos terroristas islamistas que eran conducidos a la base norteamericana de Guantánamo en Cuba, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado la apertura de una investigación para conocer los detalles de esas escalas, que deben obrar desde hace seis años en los archivos del Palacio de Santa Cruz y en otras dependencias oficiales.
Ha sido necesario que un periódico, El País publique la fotocopia de un documento calificado de «muy secreto», firmado el 10 de enero del 2002, por el entonces director general de Política Exterior para América del Norte, Miguel Aguirre de Carcer, con copia al entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y al secretario de Estado de Exteriores, Miguel Nadal, en el que se comunica que Estados Unidos solicitaba permiso de sobrevuelo para «trasladar prisioneros talibanes y de Al Qaeda desde Afganistán hasta la base de Guantánamo en Cuba», para que quede claro no sólo que el Gobierno de José María Aznar conocía y aprobaba ese tipo de vuelos, sino que el Gobierno socialista también lo sabía o tenía la obligación de saberlo después de haber accedido al poder en marzo del 2004.
Tanto en el verano del 2006, cuando el juez Ismael Moreno se declaró competente para la investigación de algunos de esos vuelos, como hace poco más de un mes Amnistía Internacional, en un informe titulado «Destinos inconfensables, obligaciones incumplidas», daba cuenta de que desde el 2002 hasta finales del 2005 (con el Partido Socialista en el poder) sesenta y ocho aviones, supuestamente vinculados a la CIA norteamericana, hicieron escala en España o sobrevolaron territorio español, en su trayecto desde o hacia Guantánamo con personas detenidas ilegalmente, la reacción de las actuales autoridades fue de absoluto silencio cuando no de nula cooperación.
Con el argumento de que esas ilegalidades se cometieron en la época de José María Aznar, que sería el responsable de la autorización de esos vuelos, el Ministerio de Asuntos Exteriores ni abrió ninguna investigación interna, ni se le ocurrió examinar los archivos del Ministerio, ni puso el mínimo interés en colaborar en la investigación que se inició, con gran escándalo internacional, en el Parlamento europeo.
Ha sido ahora, cuando está a punto de cerrarse la prisión de Guantánamo, según ha prometido el nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y cuando han aparecido las primeras pruebas de la colaboración española en uno de los episodios mas siniestros de la «guerra contra el terror», cuando se ha visto obligado el Ministerio a abrir una «investigación urgente» para «llegar hasta el final» y para «arrojar» la máxima luz sobre el escándalo, tras insistir Miguel Ángel Moratinos en la conocida coletilla de que el Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores «están comprometidos en la defensa de los derechos humanos».
Esa investigación, que no quiso hacerse en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni en el CNI (Centro Nacional de Inteligencia), ni en el Ministerio del Interior, a pesar de saberse que policías españoles y agentes del Centro interrogaron en la base norteamericana a prisioneros de nacionalidad española, llega demasiado tarde y no libra al actual Gobierno de encubrimiento de unos hechos que políticamente comprometen no sólo al Ejecutivo de José María Aznar sino al actual, que ha hecho de la defensa de los derechos humanos, de la Alianza de Civilizaciones y de la legalidad de la lucha contra el terrorismo, sus grandes banderas políticas e ideológicas.
Esa investigación no sólo llega demasiado tarde, sino que, por el momento, carece de credibilidad, diga lo que diga el señor Moratinos.
José Oneto