Las revelaciones periodísticas sobre la implicación del Gobierno de José María Aznar en la autorización de vuelos de aviones de la CIA sobre territorio español, con islamistas detenidos ilegalmente para ser trasladados a la base norteamericana de Guantánamo en Cuba, ha provocado una auténtica guerra política entre el Partido Popular, que trata de que se olvide el escándalo, y el Partido Socialista, que ha ocultado información sensible durante más de seis años a pesar de la investigación que tiene abierta la Audiencia Nacional desde el 2006, de los debates parlamentarios que se celebraron en el año 2005 y de las sucesivas peticiones de información por parte del Parlamento Europeo.
Con la excusa de que el Gobierno anterior durante el traspaso de poderes no informó al Gobierno socialista de los pormenores de la autorización de esos «vuelos de la vergüenza», el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, intenta eludir las responsabilidades del actual Gobierno, que necesariamente tenía la obligación de conocer todos los detalles de unos acuerdos con las autoridades norteamericanas que no solamente iban contra la legalidad internacional sino, según el Tribunal Supremo español, afectaba a ese limbo jurídico de Guantánamo, que constituye de hecho «una actuación de imposible explicación y menos justificación».
Según se acaba de saber, esos datos no sólo los tenía el entonces director general para América del Norte, Miguel Aguirre de Carcer, nombrado por Moratinos embajador en misión especial para Asuntos de Desarme y Políticas de Desarrollo, sino el ex ministro de Asuntos Exteriores de entonces, Josep Piqué; Miguel Nadal, secretario de Estado de Asuntos Exteriores; Federico Trillo, ministro de Defensa; Javier Martínez Ugarte, secretario general de Política de Defensa, y Ramón Gil Casares, director del Departamento Internacional y de Seguridad del Gabinete del Presidente del Gobierno José María Aznar, así como los militares que formaban parte entonces del Comité Hispano-Norteamericano que vigila los acuerdos militares entre España y Estados Unidos.
Si lo publicado por el periódico El País forma parte de una «filtración periodística», como ha denunciado la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, esa «filtración» no sólo ha perjudicado a Aznar y a su Gobierno, los grandes responsables de una decisión ilegal que va en contra de los más elementales derechos humanos, sino que también responsabiliza al actual Gobierno, al ministro de Asuntos Exteriores, al ex ministro de Defensa José Bono y al actual director del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), Alberto Saiz, por su falta de diligencia y transparencia, por la ocultación de datos y por la nula cooperación con la Justicia.
ABC asegura que la mitad de esos vuelos a Guantánamo, atravesando territorio español, se hicieron con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder, y la portavoz parlamentaria popular, Soraya Sáenz de Santamaría, que insiste en olvidar el tema, corrobora que, en efecto, muchos de esos «vuelos de la vergüenza» se llevaron a cabo con los socialistas ya en el poder, mientras que su compañera María Dolores de Cospedal apela, nada más y nada menos, que a la seguridad nacional puesta en riesgo por la filtración periodística.
Tanto Izquierda Unida como Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) pedirán la comparecencia en el Parlamento de los actuales ministros de Asuntos Exteriores y Defensa, Miguel Ángel Moratinos y Carme Chacón, así como del director general del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), Alberto Saiz, petición a la que, probablemente, se sume el Partido Popular respecto al ministro de Asuntos Exteriores, al que responsabilizan de que la información secreta se haya hecho pública
José Oneto