Posiblemente ocurra que la gente esté ya harta, irritada incluso, del establecido ritual de condena y repulsa en que comparece la clase política cada vez que ETA reitera su demencial bellaquería. Tras del ceremonial de las enfáticas descalificaciones, siempre ocurre que políticamente no pasa nada. Las cosas, en los puntos más relevantes, siguen como estaban.
Hay ahora una ocasión de oro para hacer de la necesidad virtud. Convertir la «unanimidad en la condena» de la actuación terrorista, que en la última ocasión se ha llevado por delante la vida de Ignacio Uría Mendizábal, en acuerdo para retirar y anular la autorización parlamentaria recibida un día por el presidente Rodríguez para que negociara con ETA. Eso sería la más justa respuesta que ahora se les podría dar a los asesinos.
Admitido está, a la hora de explicar lo inadmisible, que la caza inhumana de este padre de familia ha procedido de dos cosas: de la incapacidad circunstancial de la banda para cometer fechorías de calado mayor -como las que esperaba el Gobierno como réplica a la detención del tal ‘Txeroqui’-, y de la expectativa etarra de que este mismo Gobierno vuelve cualquier día a la indignidad de sentarse a la mesa de negociación con ellos. Expectativa alimentada y crecida en la ausencia de toda declaración gubernamental de que la indignidad no se volverá a repetir.
ETA se aferra a la ausencia de esa declaración. Y por ello no descansa en la tarea de echar muertos sobre la mesa. Entiende que así puede llegar nuevamente otro «proceso de paz». ¿Por qué, entonces, no se solemniza en términos de consenso parlamentario, tan compacto como la condena de la muerte de Ignacio Uría, el veto nacional a la idea de que las negociaciones puedan repetirse? Aunque un paso parlamentario de esta magnitud no traerá a corto plazo la desaparición de la banda criminal, si establece una de las condiciones necesarias para que tal desenlace se produzca.
Se trata de algo que, además, necesita la población; especialmente la población vasca y, dentro de ésta, la que compone la grey nacionalista y, en el seno de ella, el llamado «entorno abertzale». Equivaldría un mensaje parlamentario así al mensaje que Dante colgaba, en la Divina Comedia, a la puerta del Infierno: «Abandonad toda esperanza». Toda esperanza en que el terrorismo nacionalista sea camino válido para llevar a la independencia. Pero, más concretamente aun, serviría la retirada de la autorización parlamentaria, en el corto o el medio plazo, para que la actividad terrorista quedara descolgada de toda referencia política. Y una vez ocurrido esto, sobrevendría la evidencia de que la banda etarra es una organización mafiosa más, como la siciliana, la calabresa y como la Camorra napolitana. Una máquina de hacer dinero, mediante la extorsión y los asesinatos, para mantener a toda su hueste de pistoleros liberados y de políticos nacionalistas que no renuncian a la ficción de proclamarse e incluso de sentirse demócratas, mientras no renuncian a las nueces, cosechadas ya y por cosechar, del nogal de Arzalluz.
José Javaloyes