Es harto probable que la celebración, por llamarla así, del trigésimo cumpleaños de la Constitución, sea o haya sido la menos alentadora de cuantos hasta ahora han tenido lugar. Se han cumplido, eso sí, algunos ritos formales, interferidos por el asesinato del empresario Ignacio Uría en Azpeitia. Un cadáver sobre el escenario es algo demasiado triste, pero es también triste en otro sentido que el duelo se haya producido en dicha localidad sin la condena del crimen etarra por parte de los miembros de la ilegalizada ANV, presentes en la reunión del consistorio. Triste peor no sorprendente. Lo sorprendente habría sido que la condena de los representantes «inconfesos» de ETA hubiese tenido efecto. En Madrid lo llamativo ha sido la ausencia en los actos de algunos altos representantes de las distintas formaciones, como si la capital de la Nación empezara a sobrar, cada vez de manera más lamentable, en cuanto escenario lógico de una conmemoración tan especial y, en este caso tan «redonda»: 30 años es una cifra casi sentimental.
Lo evidente es que ya no hay fundados motivos para mostrar extrañeza. Nuestra democracia está enferma, dígase lo que se quiera. Se ha cumplido, eso sí, el ceremonial de la visita pública al Congreso de los Diputados, al palacio de las Cortes donde la Constitución fue elaborada. Muchachos casi recién salidos de la adolescencia han leído preceptos de la Ley Fundamental, dando siempre la sensación de que no sabían que significado atribuir a lo que estaban torpemente musitando.
Sobre el fondo de la decepcionante realidad de este trigésimo aniversario de la Constitución late como murmuración, ya que no como clamor, el convencimiento entendido de que el texto supremo se ha quedado viejo o, más bien, obsoleto. Un instrumento manejado por un conjunto de intereses dispares. Sobre sus preceptos o disposiciones no parece haber gravitado otra realidad que la del olvido o, como mucho, la de la formularia indiferencia. Todo el ruido organizado en este fecha ha estado orientado hacia el crimen de Azpeitia y la necesidad de expulsar a los comisionados de ETA, cobijado en las siglas ANV, de las más de cuarenta instituciones en las que se sientan y, por supuesto, disfrutan remuneraciones a costa del erario público.
Esa disolución de los 42 consistorios que los filoetarras controlan está, nunca mejor dicho, en el aire, en esa «atmósfera» indecisa que los distintos poderes, empezando por los tribunales interpretadores y acabando con el Gobierno, habitan como por una especie de compromiso del azar, algo que tienen que administrar sin saber cómo hacerlo en justicia. Han «cazado», en palabras del obispo de San Sebastián, a un empresario sorprendentemente sin escolta pese a la amenaza que le rodeaba. Y la cuestión estriba ahora en qué procedimiento arbitrar para eliminar la presencia institucional de los servidores de los asesinos.
Pues bien, no saben cómo hacerlo. Es decir, sí lo saben, pero dan la impresión de querer ganar tiempo antes de hacer justicia política. No parece sino que vaya a repetirse el caso del asesinado ex concejal del PSE Isaías Carrasco, en Arrasate, que no obtuvo a favor de su memoria la censura y expulsión de ANV como cabeza de aquel ayuntamiento. La moción correspondiente no prosperó. Un precedente ilustrativo para esta nueva oportunidad.
La situación invita a recordar los gravísimos pecados de inhibición que se han cometido a la hora de tener que defender los valores democráticos que la Constitución taciturnamente ampara. ¿Quién no recuerda el comienzo de la trayectoria institucional que desembocado en la impunidad «reinante» de los enemigos de España, que ellos llaman «Estado»? Hay que dedicar algún fragmento de memoria a la célebre actitud del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, cuando presentaba poco menos que como un gesto de virtud la operación de arrastrar la toga por el polvo del camino en aras de superiores intereses. Precisamente, nunca mejor dicho, de aquellos polvos surgieron los polvos que hoy impregnan y embadurnan a quienes transitan por las esferas de las altas responsabilidades. Valga una anécdota o, mejor dicho, un episodio sintomático: en noviembre de 2006, el señor Fiscal del Estado -siempre obediente a las inspiraciones del Gobierno- se opuso ante el Tribunal Supremo al embargo y clausura de las «herriko tabernas» del País Vasco y Navarra, con su sustancioso patrimonio, por entender que no existían pruebas suficientes de su vinculación con la ya entonces ilegal Batasuna.
En resumen, un triste aniversario trigésimo cuya descripción se hace sola, a la vista de lo que hoy es España como solar donde la Constitución vigente dicen que se celebra en tan distinguida ocasión. Pensemos en las diecisiete Comunidades Autónomas e intentemos seleccionar de entre todas ellas cuáles emiten hoy auténticas vibraciones patrióticas. No patrioteras, sino algo un poco más elevado.
Lorenzo Contreras