La ausencia institucional de los nacionalistas en los actos celebratorios del XXX Aniversario de la Constitución es dato que casi permitiría obviar el debate sobre la necesidad o la sola conveniencia de reformarla. Cumplido el primer objetivo al que respondió -restaurar en la ley la base y el formato de la vida política en libertad entre los españoles-, y hacerlo además para salvar la cesura abierta por la guerra civil al que abocó el asalto revolucionario de las izquierdas al poder político, luego de haberse opuesto al pacífico ejercicio del mismo una vez que lo habían ganado las derechas en las elecciones de 1933, puesto que las izquierdas entendieron que la II República era exclusivo patrimonio suyo; haber cumplido, digo, uno y otro propósito, era un logro mucho más que simplemente meritorio. La Constitución de 1978, con sólo esos dos éxitos, había logrado títulos más que sobrados para figurar como la mejor que había tenido España desde la Constitución de Cádiz.
La normalidad política restaurada por la Constitución permitió, al cabo de los años, considerar como un asunto más en los debates propios de la libertad, el de una eventual reforma de la misma para corregir insuficiencias advertidas en ellas a lo largo de los años. Y una de tales insuficiencias, acaso la principal de todas, era la de que el equilibrio básico de la política española dependía más, en el fondo de la realidad política, del sostenido consenso entre los dos grandes partidos políticos nacionales que de las propias virtualidades explicitas de la Carta Magna.
Ese consenso entre las dos grandes formaciones permitió compensar y subsanar el disenso real sobre el que se montó la Constitución 30 veces celebrada. Aquello fue una exigencia del guión de la Historia. Lo que salió en 1978 fue sólo un acuerdo en que se estaba en desacuerdo. Únicamente un pacto de mínimos. De ahí que los constituyentes construyeran en su astillero un barco de doble casco, un catamarán como el que hace días encalló en Tenerife. Uno de los órdenes contenía la economía de mercado y el otro instituía la posibilidad de la economía planificada. Asimismo se proclamaba la unidad nacional a todo evento como base de la propia Constitución, al tiempo que, alternativamente, se introducía el principio de las nacionalidades.
Pero lo que hasta las elecciones del 2004 habían sido insuficiencias o contradicciones constitucionales conllevadas, dan paso a la crisis constitucional manifiesta por la fractura del consenso en la materia, al desplazar el PSOE del presidente Rodríguez el consenso de los socialistas con los populares al pacto de los socialistas con los nacionalistas. Confinando a los populares en las tinieblas con el Pacto del Tinell, y obligándoles además al rescate del centro abandonado …
Las estrategia de Rodríguez para modificar la Constitución por la puerta de atrás, a través de la modificación expansiva de los Estatutos Autonómicos en un manifiesto ejercicio de sodomía institucional, ha forzado la necesidad de modificar el «status quo» constitucional en un ejercicio alternativo: corrigiendo las deficiencias, insuficiencias o contradicciones del texto del 1978, o yendo, simple y llanamente, a constitucionalizar de forma plenaria esa empanada de la «España plural», abierta a la quiebra de la unidad política y económica de España. Por gracia de Rodríguez, los dos cascos hacen agua.
José Javaloyes