Este fin de semana se celebra el treinta aniversario de la aprobación en referéndum popular de la Constitución, el marco legal que nos ha servido para pasar de la dictadura a la monarquía parlamentaria, para recuperar las libertades que durante casi cuarenta años estuvieron secuestradas y para hacer de este país un país más moderno, más libre, más próspero y más feliz.
El aniversario se celebra, como viene siendo habitual en los últimos años, bajo la polémica de su reforma, algo que parecía intangible desde la etapa de gobierno de José María Aznar (el ex presidente ya como consejero de Estado fue el único que se opuso a su reforma) y que cada legislatura que pasa se ve más urgente y perentoria.
Sobre todo porque la España de 1978 tiene poco que ver con la España actual y porque hay nuevas generaciones que, alejadas de la épica de la Transición, no comparten muchos de los postulados que, en su momento, fueron fruto del necesario consenso, del miedo reinante y de una situación política muy condicionada por el régimen anterior.
La primera y más urgente reforma, que era la sucesión a la Corona, eliminando esa discriminación que todavía existe de la hembra frente al varón, no se quiso hacer de forma aislada para no convertir el referéndum de reforma constitucional en una consulta sobre la forma de Estado.
Posteriormente, al incluir los dos principales partidos políticos la reforma constitucional en sus respectivos programas electorales, en un ambiente de crispación política en el que era imposible cualquier tipo de acuerdo, la reforma constitucional se ha complicado hasta extremos que en estos momentos resultan difíciles de superar.
Por una parte, el Partido Socialista, que viene preconizando una reforma constitucional cuyos contenidos pasan por la supresión de la preferencia del varón sobre la hembra en la sucesión a la Corona, la recepción del proceso de construcción europea, la inclusión de los nombres de las 17 Comunidades autónomas en el texto constitucional y la reforma del Senado como Cámara de representación territorial, tiene el aval del Consejo de Estado (salvo el voto de Aznar antes de su dimisión como consejero de Estado para trabajar para el Grupo Murdoch) para esa cuádruple propuesta.
Pero, por otra, el Partido Popular, desde su ultima Convención, dedicada al modelo de Estado, pretende, y eso está totalmente vigente, que el Estado recupere competencias que en estos momentos están transferidas a las comunidades autónomas, al tiempo que intenta afrontar una profunda reforma constitucional que afecta a una decena de artículos en los que se pide la exigencia de una mayoría de dos tercios de los parlamentos autónomos y de las Cortes para la aprobación de los Estatutos de Autonomía, el monopolio del recurso de casación para el Tribunal Supremo, la derogación de la disposición transitoria cuarta que establece el procedimiento para la eventual incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca y otras modificaciones orientadas a reforzar las competencias exclusivas del Estado.
Durante estos treinta años, países de nuestro entorno han modificado sus Constituciones, mientras aquí cualquier reforma se ha considerado, primero, «tabú», para convertirse después en arma política de confrontación entre los dos grandes partidos.
Treinta años son muchos años para una Constitución que se elaboró y se aprobó bajo el reinado del miedo, y como fruto de un pacto forzado por las circunstancias políticas del momento. Hoy ese pacto no es entendido por las nuevas generaciones que discuten todo, desde la forma del Estado hasta la propia Ley Electoral y el propio sistema de partidos en los que no se ven reflejados.
P.S.: La Constitución, que hasta ahora ha sido la «Constitución de todos», se ha visto criticada por casi todos. En el acto presidido por Su Majestad el Rey en el Parlamento sólo asistirán los portavoces del Partido Popular y el PSOE, y hasta ocho representantes del resto de los partidos estarán ausentes por una u otra razón. Todo un síntoma.
José Oneto