El 6 de diciembre, día de la Constitución, es bien recibido por los españoles, no obstante, por su cercanía a la Inmaculada y así formar un placentero «acueducto». Este año, como cae en sábado y la Carta Magna cumple 30 años, parece que ha recuperado algo de su interés primigenio, sobre todo por las voces que hablan de una reforma constitucional, temida por los partidos políticos y exigida por todos aquellos que asistimos indignados a los desmanes que muchos acometen en nombre o gracias a la propia legalidad impuesta por la Ley aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978.
Por ejemplo, los nacionalistas de la autodeterminación, independentistas malamente encubiertos, exigen a partir de sus Estatutos, válidos sólo a partir de la Constitución, más autonomía, más autogobierno, en principio por sus ideas patrioterotas y extremistas, en realidad por un hambre monetaria claramente preocupante. Porque, después de todo, ¿no se reduce todo a una cuestión de dinero?
La Constitución de 1978, como aseguran mis mayores, fue una solución de circunstancias ante el miedo que presidía en el ambiente caótico del postfranquismo. Había miedo al Ejército y al Partido Comunista, y la cuestión entonces regional cobró más importancia de la que debía. Se hizo una ley de consenso que, por sus errores innatos y su mal desarrollo, ha degenerado en esta partitocracia donde sólo existe un poder político y son las ejecutivas de los partidos las que realmente las decisiones que atañen a los ciudadanos.
Creo urgente y necesaria una reforma que nos permita recuperar la auténtica Democracia y arrebatar a los políticos su condición de profesionales del poder arrebatado a la Soberanía Popular:
– En primer lugar, es necesaria una reforma del Título VIII para delimitar de una vez por todas las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. Y que estas sean las mismas para todas las Autonomías. Ya no tiene sentido que existan Comunidades Históricas y lo principal es asegurar la igualdad entre todos los españoles y la solidaridad entre regiones.
– En este sentido, es perentorio que el Estado recupere la competencia sanitaria para reducir costes y asegurar una igualdad absoluta en el sistema de salud y de Seguridad Social, tanto a nivel de salarios de médicos y enfermeros como de atención al paciente.
– También la Educación debe volver a ser estatal, con pequeños márgenes para las Comunidades Autónomas que quieran dar su segundo -no lo olvidemos- idioma oficial. Aparte, este nuevo sistema educativo debe perseguir la excelencia, ser duro y exigente. Hay que frenar el fracaso escolar, pero no a costa de demoler el nivel educativo de los «triunfadores».
– En líneas generales, a mi entender hay que limitar el poder de las Autonomías. El Estado debe tener casi siempre la capacidad legislativa y los poderes autonómicos tan solo la capacidad para establecer reglamentos y ejecutar las leyes estatales.
– Es básico recuperar el sistema judicial. No debe depender del Legislativo ni del Ejecutivo, mucho menos de los partidos políticos. Por otro lado, hay que modernizar los medios de juzgados y tribunales, cambiar y adaptar las leyes procesales a los nuevos tiempos tecnológicos. Y, sobre todo, eliminar la tendencia actual hacia unos sistemas judiciales autonómicos.
– Se deberían fusionar Supremo y Constitucional, de manera que en el primero hubiese una sala de lo constitucional.
– El paso más importante es eliminar el sistema «no representativo» que padecemos. Listas abiertas o candidatos por circunscripciones más pequeñas para que cada persona sepa quién le representa efectivamente en el Congreso. En ese sentido, es urgente eliminar la disciplina de voto de los partidos, auténtico mandato imperativo que ya está condenado por la actual Constitución.
– El Senado, o se transforma en una Cámara Territorial, o se elimina, porque actualmente carece de sentido.
Estas son solo algunas medidas que creo necesarias. En general, creo que hay que cambiar las reglas del juego para convertirnos en una democracia real y abandonar esta democracia orgánica que tanto ha heredado del franquismo. Nuevas reglas de juego que, desde luego, deberían ser aceptadas libremente por la gran mayoría de los españoles. El problema es qué narices hacemos con aquellos que no quieren seguir perteneciendo a España.
Daniel Martín