El apretón de las crecientes dificultades económicas aleja, al menos en parte, el foco del complicado momento que vive el proyecto de construcción europeo, entre otras razones por el rechazo irlandés a la ratificación del Tratado de Lisboa. Pero no es el único motivo: en realidad, la propia crisis económica semeja un clavo para remachar el que muchos identifican como verdadero problema de fondo: la progresiva disociación entre el diseño político-institucional de la Unión y las necesidades y el sentir de las sociedades que la integran.
Más allá de las declaraciones, en el terreno de los actos no pasa inadvertido que las instituciones comunitarias discurren como tales bastante inoperantes frente a la situación. No sólo es que no se estén aplicando políticas ni recetas para encarar las dificultades de forma más o menos coordinada, sino que la Comisión Europea (CE) sigue adoptando algunas decisiones como si las cosas siguieran igual que hace uno, dos o más años. Diciéndolo de otra manera, varios de sus integrantes siguen preocupados y ocupados en cuestiones de otra situación.
Irlanda recibió antes del verano el encargo de proponer a la reunión del Consejo Europeo que cerrará la presidencia semestral francesa una solución al bloqueo que su referéndum ha impuesto a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, prevista para el 1 de enero del 2009. El eventual contenido de esa propuesta no ha trascendido hasta la fecha, pero la opinión en medios comunitarios es que será imposible encontrar un mecanismo que permita cumplir el calendario previsto, abriendo un periodo de incertidumbre para no pocos aspectos del devenir comunitario.
Esa hipótesis, que muchos consideran probabilidad, complica en primer lugar la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo previstas para junio del 2009, pero también la renovación de la CE cinco meses después. Ambas habrán de producirse en tal caso bajo lo estipulado en el Tratado de Niza -en vigor-, como es sabido previo al último proceso de ampliación. No menos importante es que se mantendrá el actual sistema de toma de decisiones, con demasiadas cuestiones sometidas a la exigencia de unanimidad o amenaza de veto, que viene a ser igual.
Para acabar de complicar las cosas, subyace en el actual momento comunitario una dispar percepción de lo que supone y debería suponer la propia pertenencia a la UE. En lo estrictamente político, a las distintas concepciones ya instaladas en los socios más veteranos se han unido las que dominan el ánimo de los provenientes de la órbita de la extinta URSS y el disuelto Comecon.
Una de las incidencias, particularmente clara, de ese escenario es la dificultad de poner en marcha la tantas veces anunciada reconsideración del ordenamiento normativo acumulado desde que el Tratado fundacional de Roma entró en vigor. Para el mundo de los negocios, Bruselas se ha convertido en muchos aspectos en una suerte de engorro, un productor de normas añadidas y no siempre coherentes con la maraña articulada dentro de cada país ni con el tan proclamado propósito de articular un verdadero mercado interior.
Hace tiempo que las empresas no han tenido más remedio que asumir las exigencias y consecuencias, positivas y negativas, de la globalidad, pero no parece que los responsables comunitarios hayan hecho o estén camino de hacer lo propio. Más bien al revés.
Enrique Badía