Joan Tardá -al grito de ¡Viva la República y muera el Borbón!-, quintaesencia la inquina política con la que partidos como ERC pretenden subvertir el orden constitucional. Porque para explicar ese injurioso berrido antimonárquico ha de remontarse al siglo XVIII cuando, a propósito de la Guerra de Sucesión, Cataluña se alineó con el archiduque Carlos y en contra de Felipe V, el primero de los borbones que reinaron en España.
Se recordará que aquel Rey dictó los Decretos de Nueva Planta, que abolieron la foralidad catalana -no así la vasca- comenzando un largo proceso de homogeneización territorial. Tardá ha echado mano de esa coartada historicista para justificar lo que ni sus compañeros de partido comprenden: una consigna violenta contra la persona del Rey que muchos de los energúmenos que quemaban ejemplares de la Constitución y hacían ondear banderas republicanas el sábado por la noche pueden tomarse al pie de la letra.
«Ha sido una crítica a la institución», ha insistido Tardá queriendo quitar hierro a su brutalidad mitinera. Tampoco vale el jeribeque: lo que dijo el diputado de ERC en el mitin fue la expresión de una voluntad golpista, una afirmación impropia -¿delictiva?- de un diputado en el Congreso nacional. Que, si la política en España tuviera consistencia, debería llevarle a renunciar al escaño. En ningún país del mundo podría consentirse que una amenaza al Jefe del Estado como la de Tardá quedase sin sanción política.
Los partidos nacionalistas y de extrema izquierda están manoseando la Monarquía. Han «plantado» al Rey en los actos del 30º aniversario de la Constitución; pretenden desposeer al soberano de las muy menguadas facultades que la Carta Magna le concede -el libre reparto de los gastos de su Casa, por ejemplo- y, con ocasión o sin ella, deslegitiman la institución, a veces en connivencia con la extrema derecha -política y mediática-, que en España percibe la Corona como un factor de estabilidad y de unidad que estorba a sus intereses.
Los partidos nacionales y los medios de comunicación responsables han de tener en cuenta que la Monarquía carece de defensa propia y que la tiene delegada en el propio sistema político democrático y en la opinión pública. Introducir en la agenda del debate cotidiano la Jefatura del Estado -institución querida y valorada por los ciudadanos- es un error histórico. Los nacionalistas lo saben y por eso mismo utilizan al Rey o su familia de la manera más intencional y grosera -véase al jubilado Anasagasti buscando su minuto de gloria mediática a cuenta de llamar «vagos» a los miembros de la familia real-.
Si a los nacionalistas extremos y a la derecha e izquierda montaraces el Rey no les gusta, es ya una razón para que sea amparado por la inmensa mayoría de los ciudadanos que comulgan con postulados políticos de tolerancia y sensatez, a los que no se les puede tomar el pelo sacando a relucir a Felipe V -muerto está ya el hombre desde hace siglos- como destinatario de un agraz «muera el Borbón» berreado en el 2008 por el tal Tardá. A gentes como él o como el alcalde de Getafe («los tontos de los cojones que votan a la derecha») habría que darlos de baja de la nómina pública.
José Antonio Zarzalejos