El asesinato del empresario vasco Ignacio Uría Mendizábal no puede desligarse de las anteriores cesiones ante el terrorismo de ETA en similares ocasiones. De nuevo, los barros que siguen a los lodos. Se cedió con la central nuclear de Lemóniz, que no llegó siquiera a funcionar, y se modificó el trazado de la autovía de Leizarán. Dos indudables triunfos de quienes utilizan el crimen organizado para conseguir sus fines. La ofensiva etarra contra la central nuclear se cobró la vida de dos ingenieros, entre ellos Ryan, encerrado durante siete días en un zulo, y tres trabajadores, mientras que la dirigida contra la autovía costó la vida de dos empresarios y dos miembros de las fuerzas de seguridad.
Ahora se repite el proceso con la ‘Y’ del AVE. Primero se alimenta la especie de que el proyecto atenta contra los intereses del pueblo vasco, mancillando el paisaje y facilitando la entrada de enfermedades foráneas. Después se recurre a los daños materiales. Y en una tercera fase se asesina, preferiblemente a los titulares o altos directivos de la empresa.
El Gobierno ha adoptado una actitud de firmeza tras el fiasco de la tregua unilateral de ETA y las negociaciones con la banda terrorista. También cuenta con el respaldo incondicional del PP y, ya con más reservas, de algunos partidos nacionalistas y minoritarios. Sus promesas de llevar a buen término el proyecto han sido tan terminantes que cabe confiar en su cumplimiento. Si no fuera así, volveríamos a los peores tiempos del terror. Los precedentes tienen, sin embargo, su propia dinámica y es de suponer que los terroristas seguirán aplicando el manual que tan buenos resultados les dio en aquellas batallas contra el ominoso Madrid.
Con todo, si malo fue haberse doblegado a las exigencias etarras, no lo es menos dejar para mañana las medidas que debieron tomarse ayer. Ha hecho falta el crimen de Azpeitia, en un municipio dominado por el nacionalismo proetarra -cuando no directamente por los terroristas camuflados bajo las siglas de ANV-, para que se proponga la disolución de su corporación municipal por dar «cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo, o a quienes participen en su ejecución, la enaltezcan o justifiquen», como reza el art. 61 de la Ley de Bases de Régimen Local. También aquí estamos ante unos lodos cuyo origen es de sobra conocido. La entrada de ANV en unos ayuntamientos no y en otros sí, como si un partido político pudiera ser legal e ilegal simultáneamente, fue otro error de primera magnitud.
Con esa iniciativa pueden ocurrir dos cosas. Si su aplicación al caso no procediera, quedaría más patente aún la gravedad de aquel aquietamiento. Y si prosperara la iniciativa para disolver esa corporación municipal y otras en igual situación, tendríamos que lamentar una vez más nuestra tardanza en reaccionar contra el terrorismo con todos los medios legales a nuestro alcance. En todo caso, si aquel texto de la Ley no bastase para la disolución, bien podría haberse modificado con mayor diligencia.
José Luis Manzanares