El Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha acercado al consenso imperante en los analistas privados que, con notoria unanimidad, estiman una apreciable contracción de la economía española en el inminente 2009. El organismo ha sido incluso más prudente al calcular una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 1 por ciento, más suave que el 1,5 o incluso el 2 por ciento que domina la mayoría de previsiones domésticas, excluidas las que a modo de cláusula de estilo siguen manteniendo los responsables públicos. Trasladado a la realidad significa que los próximos meses las cosas irán bastante a peor.
No menos coincidentes son otras apreciaciones del informe del Fondo con lo que viene señalando la mayoría de expertos nacionales: la urgencia de acometer reformas de cierta profundidad que, de no implementarse, acentuarán los efectos de la crisis y retrasarán de forma sensible la posible superación. Nada que el propio organismo internacional no haya señalado en anteriores ocasiones con mayor o menor rotundidad, la mayoría de las veces suscitando una genérica descalificación. ¿Merecerán sus recomendaciones una consideración distinta de la habitual?
Conforme los efectos de la crisis se van haciendo patentes, se echan más en falta medidas de reforma añadidas a las hasta ahora adoptadas que, en términos náuticos, semejan poco más que intentos de capear el temporal.
Más de uno constata perplejidad porque el debate político aparezca esencialmente concentrado en la tramitación, prácticamente ya consumada, del proyecto presupuestario para el 2009. El veto del Senado no tiene más trascendencia que su potencial para agitar un poco más la controversia dialéctica oposición-Gobierno y, más importante, cerrar el paso a la posible presentación de enmiendas de última hora en ambas Cámaras, pero sin mermar un ápice la más que probable ratificación por el Congreso. Pero en realidad, aunque lo expresen de distintas maneras, todos parecen estar bastante de acuerdo en que las cuentas públicas propuestas para el próximo año no van a cumplirse en ingresos ni en gastos, entre otras razones porque se fundamentan en un escenario económico irreal.
Más útil sería que la discusión estuviera centrada en el catálogo de reformas que la economía española precisa. Claro que para ello Gobierno y oposición deberían clarificar sus recetas… si es que las tienen, coincidan mucho, poco o nada con las que expertos independientes u organismos como el FMI vienen sugiriendo con persistencia.
Enrique Badía