Es el nuevo frente del bloque bolivariano. Desde Guayaquil, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha dado el segundo paso por el camino de la suspensión internacional de pagos, declarando la impertinente moratoria, desde el impulso chavista que le anima y conforme el estilo kirchneriano que le arrima el aire incumplidor de la pampa populista.
Fue el primer paso por la misma senda el negarse al pago de la deuda contraída con un banco de Brasil, hace unos días, por la financiación de un proyecto de infraestructura en el que, alega, se han observado graves deficiencias durante el curso de su ejecución.
En respuesta, el presidente Lula llamó para consultas a su embajador en Quito y todavía no se tienen noticias de que éste haya regresado a su destino ecuatoriano, por lo que cabe considerar que en este estado de cosas las relaciones entre Ecuador y Brasil se encuentran virtualmente suspendidas. A lo que se ve, el pleito económico abierto por Correa con el gigante brasileño, por su carácter prologal de lo que después se disponía hacer, tiene en su planteamiento formas técnicas y supuestamente más razonables que los argumentos aducidos para el impago puntual del resto de la deuda, contraída con otros países, por estimarla «ilegítima» en algunos de sus tramos.
Es curioso. El nivel dialéctico de un economista de izquierdas formado en universidades norteamericanas le permite piruetas argumentales, en cuya virtud reemplaza por su cuenta el principio de legalidad, que es aquel por el que se rigen los contratos, internacionales o no, por el principio de legitimidad, que supone un plano de indeterminación de la base sobre la que se asienta la seguridad jurídica derivada de la ley: marco propio y necesario de las relaciones económicas internacionales.
Pero tan curioso es este comportamiento como nada sorprendente. Corresponde a la música y a la letra del conjunto bolivariano: propulsado desde Venezuela y teledirigido desde la dictadura comunista cubana. Un sistema, este de Cuba, que por cierto, desde el positivismo jurídico totalitario, prescinde de toda idea de legitimidad que no sea la revolucionaria, para sustituirla por el imperativo de legalidad. De una legalidad, por supuesto, también revolucionaria.
Tal es el cambalache que desde sus presupuestos ideológicos, el régimen socialista de Rafael Correa aplica a los compromisos internacionales contraídos por el país, tan devastadores de la seguridad jurídica del mismo como de las oportunidades todas -en el orden de las relaciones económicas internacionales- que necesita Ecuador para su modernización económica y social, por vía de la eficiente explotación de sus abundantes recursos naturales. Siendo esto una tarea impensable e imposible sin el concurso del capital y las tecnologías procedentes del exterior, la inseguridad que se deriva del incumplimiento de los pagos es de efectos letales para todo propósito de progreso.
Pero otros significados tiene este movimiento de Correa contra los compromisos contraídos por el país. Compone, cabría decir, todo un test para el equilibrio de fuerzas suramericano y supone tanto como un desafío del hegemonismo chavista. Desafío al que Correa se apunta, frente a la potencia regional del Brasil de Lula da Silva.
José Javaloyes