Estaba el mundo judicial atravesando una etapa de altísima tensión política y, en esto, Baltasar Garzón sufre algo parecido a un amago de infarto, aunque la versión médica habla sólo de crisis de ansiedad. Con independencia de que a Garzón se le desee lo mejor y un pronto restablecimiento, lo cierto es que el episodio clínico del juez ha desviado un poco la atención hacia el desenlace de la crisis en curso, y no afortunadamente en el sentido fatal de la palabra, sino en el sentido corporativo, cuya actual marcha parecía depender más de don Baltasar, el «juez estrella», que de don José Carlos Dívar, a quien crecientemente se le conoce en los ambientes judiciales como «Su Santidad». El presidente del Consejo General del Poder Judicial, hombre profundamente religioso, es en la coyuntura presente la viva imagen del magistrado desbordado por la abundancia de conflictos que le asedian.
En círculos del mundo judicial se viene comentando durantes estos últimos días que Garzón intentó gestionar de los organizadores de la manifestación de jueces de alguna expresión de apoyo a su persona, casi tan acosada por la crítica como el propio ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, tras la jornada cinegética que ambos compartieron en amistosa confabulación político-judicial en Quintos de Mora. La respuesta, al parecer, fue desabridamente negativa, aunque tal vez sería temerario atribuir a tan desagradable circunstancia el accidente de salud que el magistrado del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional acaba de sufrir.
Los organizadores o cerebros del plante judicial pertenecen fundamentalmente a la asociación «Francisco de Vitoria», situada entre la muy conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la izquierdista «Jueces para la Democracia». De la Profesional (APM) se comenta que está en crisis por una profunda desavenencia entre sus miembros. Una división interna que puede dar al traste con la propia Asociación y generar una nueva rama o acaso ninguna, yéndose entonces al traste todo el invento organizativo.
El ministro de Justicia habría tomado la decisión de impulsar una normativa que sirva para abortar en el futuro alguna nueva intentona de huelga de la judicatura. Pero esto se entiende mal porque lo coherente sería que la propuesta, si es que existe, partiera del CGPJ a instancias de Dívar. Como se puede apreciar el embrollo es considerable. Y hasta podría ocurrir que la crisis -pues de crisis se trata- se resolviera en principio con la caída política de Fernández Bermejo, bien por dimisión, bien por destitución; este último caso sería acorde con el anuncio del ministro en el sentido de no hallarse dispuesto en modo alguno a resignar la cartera. Significaría ello que Zapatero no podría evitar aparecer ante la pública opinión como obligado a apearle del cargo por las consecuencias del escándalo cinegético y huelguístico.
A Baltasar Garzón puede haberle convenido la fatalidad de su accidente de salud, porque de este modo se aparta del caso de las corrupciones sin tener que verse desplazado por la incompetencia que le alcanza legalmente cuando, como es el caso, hay o había aforados bajo su jurisdicción.
Habría que pensar entonces en un nuevo escenario o situación, porque la instancia indicada para resolver el asunto de las corrupciones sería en este caso la Sala Segunda del Tribunal Supremo en lugar de dos Tribunales Superiores, el de Madrid y el de Valencia, en principio encargados de repartirse el «festín» del ruidoso conflicto.
Lorenzo Contreras