Último pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Despedida a los que no van a volver y apresurada diáspora hacia la campaña de unas elecciones amenazadas por la abstención.
Como regalo de fin de legislatura, desde Praga nos llega la buena noticia de que el Senado, después de que la política interior checa hubiese cocinado algunos votos, ha ratificado el Tratado de Lisboa. Suspiro de alivio ante un nuevo obstáculo superado. Pero todavía hay que salvar otros antes de poder saber a que clase de Parlamento van los europeos a elegir sus diputados el próximo 7 de junio.
¿A uno como el actual, regido por el Tratado de Niza y muy poco diferente del elegido en el 2004? ¿O a un Parlamento que tendrá prácticamente todos los poderes legislativos en pie de igualdad con el Consejo, en particular sobre el Presupuesto y sobre la política agrícola común, y con capacidad de elegir al Presidente de la Comisión? Eso ocurrirá cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa que traerá también una Presidencia estable del Consejo, lo que habría evitado el vodevil de estos meses, y permitirá que mas decisiones se tomen por mayoría, lo que reducirá la parálisis que la unanimidad provoca.
Pero para eso hace falta todavía la firma del Presidente Vaclav Klaus, que ha aprovechado la ocasión para declarar de nuevo su conocida hostilidad al Tratado, tratando de «traidores a los intereses nacionales» a los 54 senadores que han votado a favor. El resultado ha sido menos apretado de lo que se temía puesto que la aprobación requería 49 votos, pero se ha obtenido gracias a 5 abstenciones de última hora, lo que demuestra que la Historia de Europa se escribe en un permanente jugar a la ruleta rusa.
Es seguro que hará todo lo posible para retrasar su firma. Esperará a que el Tribunal Constitucional falle sobre el recurso que presentarán los que han votado en contra. Y también esperará a conocer el voto de los irlandeses en su segundo referéndum. Con lo que después de tanto asegurar que, con Lisboa, Chequia perdería su soberanía, acabará haciendo que la decisión de su país sea subsidiaria de la de otro.
Pero no es solo Klaus el único Presidente euro escéptico, o mejor dicho eurofóbico, que demora la firma de las decisiones adoptadas por sus Parlamentos. Todavía ahora el Presidente polaco Lech Kaczynski no lo ha hecho, a pesar de todas las seguridades dadas a Sarkozy. Y tampoco ha firmado el Presidente alemán, que tiene que esperar a que el Tribunal Constitucional de Karlsruhe se pronuncie antes del verano.
Pero la interrogante mayor sigue siendo Irlanda. Tras haber conseguido las garantías que se podía suponer en la base de su rechazo, los irlandeses serán de nuevo consultados este otoño después de sus elecciones nacionales. Así, si tienen ganas de dar una patada a su gobierno, y parece que la tienen, se la podrán dar directamente y no en el trasero de Europa.
El resultado sigue siendo una incógnita, pero las cosas son bien distintas ahora que antes de la crisis. Los irlandeses deben ser conscientes que sin el euro su economía estaría en el fondo del Atlántico y que la pertenencia a la UE ha sido una poderosa ancla ante las tormentas financieras. El resultado que obtenga en las elecciones europeas el multimillonario que financió la campaña del «no» será un buen indicador de lo que vaya a ocurrir.
Con Lisboa, la UE estaría todavía muy lejos de parecerse a la Unión política que algunos queremos, pero sería algo menos burocrática y algo mas eficaz. Podría influir mas en los asuntos del mundo y en las decisiones nacionales en aquellas cuestiones cuya solución no puede ya encontrarse dentro de cada país. En este sentido el Presidente Klaus tiene alguna razón cuando se resiste a un Tratado que disminuye la autonomía de decisión nacional, suponiendo que esa autonomía formal que se defiende sea todavía real.
Y sino que se lo pregunten al Presidente Sarkozy, algunas de cuyas políticas han sido directamente afectadas por decisiones del Parlamento Europeo adoptadas en este último pleno. Buen ejemplo de la capacidad de las decisiones europeas de marcar límites y condicionar las decisiones nacionales ha sido el voto por el cual los eurodiputados hemos confirmado, por una mayoría muy amplia, el rechazo a que se pueda cortar el acceso a Internet en caso de tele descargas ilegales sin una decisión judicial previa.
Ello va directamente en contra del proyecto de ley llamado «Creation et Internet» que se discute actualmente en Francia, que pretende que los cortes de acceso a Internet se ejecuten por decisión de una autoridad administrativa, llamada Hadopi.
Es cierto que el voto del Parlamento solo no es suficiente para impedir que se elabore legislación nacional, pero el mensaje político es muy fuerte, y si el Consejo acepta la posición del Parlamento en el proceso de conciliación que ahora se abre, ningún país podrá establecer normas diferentes.
Esta cuestión había sido, desde el principio, objeto de un pulso entre el Parlamento y el Consejo y era el único problema que quedaba por resolver dentro del «paquete Telecom». Ahora toda esa Directiva se envía al proceso de «conciliación» entre las dos instituciones, último intento de llegar a un acuerdo que no podrá alcanzarse hasta la próxima legislatura.
Mientras tanto, muchas normas que permitían una gestión más flexible y más equilibrada de las frecuencias radioeléctricas y que incorporaban mejoras para los consumidores tendrán que esperar a que el Parlamento de Estrasburgo abra de nuevo sus puertas.
Josep Borrell