El Ejecutivo ha olido la debilidad financiera y la obsolescencia del modelo de negocio de los medios tradicionales de comunicación. Y se está aproximando a ellos. Especialmente al más masivo, que es el de la televisión. Y lo hace cuando hace poco tiempo que ha echado a andar la nueva fórmula de la Radio Televisión Pública que, en términos de aceptación social -véase su audiencia- y de equilibrio informativo-editorial, resulta muy satisfactorio. De repente, ante la caída de beneficios de las televisiones privadas tanto por la crisis publicitaria como por la fragmentación de la oferta y, acaso también, por una programación que no conecta con los gustos mayoritarios, el Ejecutivo altera las condiciones de financiación de TVE, pretende suprimir la publicidad (500 millones de facturación) en septiembre, inyectar esa inversión publicitaria en el circuito privado y establecer tasas y cánones a las privadas y telecos para cofinanciar una TVE sin anuncios. Veremos si el planteamiento pergeñado por María Teresa Fernández de la Vega es o no aceptado por unos y otros y si el asunto es asumido también en el Congreso a través de la Ley Audiovisual.
Al margen de este asunto de la televisión -en lo que tiene de concreto-, puede afirmarse que el sector de los medios en su conjunto está en una crisis aguda. Pero que su salida no consiste en un sistema de subsidios, ayudas y beneficios públicos -como pudiera ocurrir en otros sectores- sino en su capacidad para reinventarse. La intervención, supuestamente colaboradora del Estado en el sector de medios, es dañina a los intangibles que éstos representan en democracia: la libertad de crítica, el reflejo de la pluralidad social e ideológica, la amplitud de circulación de los cauces por los que discurre el debate social y las nuevas ideas culturales… todo ese mundo de valores que no se pesan ni tocan, pero que hacen y construyen una sociedad democrática.
Si los medios están en crisis -y lo están- deben ser sus gestores los que traten de salir de ella -o dejar a otros que lo intenten-, pero jamás han de depositar sus esperanzas en lo que pueda o deje de poder hacer el Presupuesto. Es razonable una revisión de la fiscalidad, pero no subvenciones al papel, ni el pago de suscripciones a colectivos con dinero público, ni la regulación de la distribución con ayudas y beneficios. La libertad, que es el elemento vertebrador de los medios, es incompatible con el erario público.
No sólo el Gobierno precisa del contrapoder de los medios; también las empresas y la sociedad en su conjunto. Internet -esa global conversación- está sustituyendo a los medios tradicionales; la TV analógica es un soporte en tránsito hacia otros (los digitales), la telefonía móvil abre nuevas fronteras, pero siempre quedará espacio para el soporte físico y la transmisión oral tradicionales de los conocimientos. Ése es el lugar de unos nuevos periódicos que atraviesan ahora por el peor momento desde hace quizá ocho décadas. Necesitan un impulso moral -no sólo financiero y empresarial- para salir del agujero; requieren contar con los periodistas -jóvenes y maduros, los que aprenden y los que enseñan con veteranía y experiencia- y volver a pactar con una sociedad que se está distanciando de ellos por razones que hay que indagar y reflexionar. Pero, ante todo: el Gobierno lejos de los medios y los medios lejos del Gobierno. De éste o de cualquier otro, de derechas o de izquierdas. Son dos galaxias que deben mantenerse a distancia considerable y sanitaria.
José Antonio Zarzalejos