En tiempos de crisis, a los políticos y a los llamados líderes sociales suelen ocurrírseles ideas pintorescas para aliviar los problemas, naturalmente con dinero público. La polémica, apenas iniciada, de estos últimos días es la de los impuestos. Algunos sectores de la izquierda, que sigue sin encontrar el rumbo en lo que a renovación de ideas se refiere, han reclamado un aumento de los tipos impositivos en los tramos más altos de la escasa de al Renta. El Gobierno, por boca de la titular de Economía, la vicepresidente segunda Salgado, ha respondido que la subida de impuestos tiene poca relevancia, aparte de su impacto negativo a la hora de incentivar a los que poseen más renta y que lógicamente suelen ser los que más en condiciones están de invertir y contribuir al crecimiento económico.
Salgado dio este miércoles algunos datos, extraídos de los balances de la declaración del IRPF del año 2007. De los 18 millones de declarantes, sólo un 4% reflejaron rentas superiores a los 60.000 euros anuales, es decir, 720.000 contribuyentes. Echando cuentas, una contribución extraordinaria., y de carácter lineal, a favor de la salida de la crisis que se estipulase en 1.200 euros por contribuyente (el 2% de su renta, si todos ganasen 60.000 euros) daría como resultado una recaudación extra de unos 8.600 millones de euros. Teniendo en cuenta que la paga de los 400 euros (una de las dádivas made in Zapatero más lamentables e infructuosas , aparte de onerosas, que ha salido de la factoría de Moncloa para atajar la crisis económica) cuesta unos 5.300 millones de euros, este «impuesto de crisis» tendría una utilidad bastante limitada, sin contar con algunos efectos colaterales, como una posible disminución del consumo (gastan e invierten los que tienen más renta) y una señal arriesgada para amplios sectores de la clase media que verían la medida como un primer paso hacia una escalada impositiva.
Sería la primera vez en mucho tiempo en que los postulados más radicales en materia fiscal tendrían cabida en el abanico de medidas gubernamentales, aunque se trate de casi de una emergencia nacional. ¿No sería mejor, por ejemplo, quitar ese absurdo pago de 400 euros, que al final se ha demostrado que no ha servido, como puerilmente pensaban en el entorno de Zapatero, que serviría para estimular el consumo y la demanda interna? En tiempos de crisis es lógico que la gente ahorre en vez de gastar. Y si les regalan a los contribuyentes 400 euros, lo lógico es que ese dinero pase a formar parte de la masa de ahorro o de no-gasto predispuesta a enfrentarse a la incierta crisis económica.
A la hora de la verdad, ambas medidas (subida de impuestos en el tramo medio y alto del IRPF y supresión del cheque de los 400 euros) parecen poco adecuadas, o al menos de eficacia discutible, para luchar contra la crisis actual que padece la economía española. Y en ambos casos hay un coste político inherente: en un caso, como castigo a los sectores más dinámicos de la sociedad, por mucho que la cuestión se vista como contribución a la lucha contra la crisis, en el otro como rectificación anti social de un regalo que no ha servido para nada o para casi nada pero que fue presentado en su momento como un paso a favor de las clases sociales más castigadas por la crisis y como invitación a un aumento del gasto.
Ningún indicador económico posterior puede, a estas alturas, constatar la eficacia económica del cheque de los 400 euros. Es más, algunos sectores sindicales se verían satisfechos si este inútil regalo, que nadie había pedido, se quita y se sustituye por medidas incentivadoras del empleo. Algunas propuestas, procedentes de sectores empresariales, abogaban hace poco por convertir este incentivo, con un coste equiparable para las arcas del Estado, en un descuento de las tarifas sociales que han de pagar las empresas, lo que abarataría el coste del factor trabajo y podría en alguna medida contribuir a restaurar la maltrecha pérdida de competitividad de la economía española y en particular del sector industrial, que hace aguas por muchos frentes.
Primo González