Tenía que acabar ocurriéndole. Más que víctima de sus enemigos, que los tiene y numerosos, Baltasar Garzón ha resultado víctimas de sus propios riesgos. Los ha corrido excesivamente. Se dice, y lo parece con fundamento, que no ha respetado turnos, que ha retenido sumarios, que ha empapelado discutiblemente a más de uno y de dos, que ha hecho «novillos» en su Juzgado de la Audiencia Nacional para atender a intereses que poderosamente le requerían. Convertido en conferenciante-turista, se ha paseado por el mundo a tanto la pieza. Y mucho tanto. Sería aventurado sostener que eso no era legítimo. En eso no entra el periodista, en este caso un servidor. A la hora de la verdad, la querella que ha admitido contra él la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a instancia del Sindicato Manos Limpias, guarda inmediata relación con la investigación baltasariana de los crímenes del franquismo y la instrucción de un sumario que, según dicen, a Garzón no le correspondía.
La querella es por prevaricación. Sin embargo, las supuestas responsabilidades del llamado «juez estrella» parecen destinadas a desvanecerse. O sea, que la querella no prosperaría. Lo que en todo caso suscita especial interés es más bien el fondo político y extrajudicial del caso. A fin de cuentas, Garzón es en sí, como persona y como magistrado, todo un caso. Un caso especial. Todo un mundo togado no le perdona que haya ejercido de figura internacional, capaz de dejar en pañales a sus modelos italianos. Casi la generalidad de su comportamiento, tanto en el ejercicio judicial como en el político, que también lo practicó, ha sido la historia de una sobreactuación. Algo muy difícil de digerir desde las discretas y modestas penumbras del mundo de la Justicia ejerciente.
Desde que, aprovechando la pretendida jurisdicción universal de los tribunales españoles, Baltasar Garzón acabó con la impunidad de Pinochet (aunque no con toda ella), ganándose así una reputación llamada a pasar a los libros de historia, la posibilidad de que el pecado de la envidia haya hecho estragos en numerosos espíritus de la carrera parece haber sido inevitable. Ese ha sido un factor que se ha superpuesto a la iniciativa de los querellantes y a su condición de antiguos franquistas y personajes de la extrema derecha más radical. Lo esencial, en mera actitud de imparcialidad, es que Garzón se ha equivocado, se ha excedido en el puro proceder de su papel como magistrado. La Memoria Histórica de inspiración zapaterista va por un lado y la gama de motivaciones que intenta empapelar al «juez estrella» y arrojarle de la carrera va por otro. Defensa de la Nación Española (Denaes) y Manos Limpias juegan su papel y la opinión pública en general tiene derecho a reservarse el suyo.
El zapaterismo, que tanto se entiende subterráneamente con Garzón en el sentido, al menos, de celebrar muchas de sus iniciativas, debería más que nunca hacer alarde de imparcialidad en este asunto. Porque se da la circunstancia de que la Ley de la Memoria Histórica instrumentada por Garzón, o por quien sea, puede acabar siendo un mal invento. Cierto es que las víctimas del franquismo merecen justicia, como también las víctimas del republicanismo sectario, que combinan pecadores con justos, tendrían y tiene algo que aducir. Una guerra civil da para todo y para todos en el peor de los sentidos.
Pero la guerra civil terminó y el franquismo también en la medida de sus conveniencias prácticas. Y vino la Santa Transición. O no tan santa porque fue pactada, o sea, comerciada. Ahora bien, si el zapaterismo, tan auxiliado por Garzón, condena con la Ley de Memoria Histórica todo vestigio de pasado, asume el riesgo de condenar también la Transición contaminada de franquismo, y hace tabla rasa de la Ley de Amnistía, convirtiéndola en una caricatura grotesca de la reconciliación.
Y entonces, en simple lógica, ¿qué ocurre, ya que de Memoria con mayúsculas se trata, con el nombramiento de Juan Carlos como jefe del Estado a título de Rey (made in franquismo) y con su posterior solemnización como monarca de la democracia? Con la Ley zapaterista y su aplicación garzoniana, ¿no se cuestiona acaso la legitimidad vigente que parte de un origen contaminado? ¿Es que se ignora además la significación del 6 de diciembre de 1978? ¿No dirá algún que otro sabio que el pasado no se puede lavar con acetona?
Juan Carlos, Adolfo Suárez, Aznar y toda la relación de figuras políticas que apoyándose en los pactos suscritos por Felipe González y Carrillo hicieron posible al temerario «peronista» Zapatero, ¿no resultan en el fondo concernidos por la Ley de Memoria Histórica y los celosos manejos del más que discutible juez Garzón?
Un poco de amnesia, por favor.
Lorenzo Contreras