Esta semana Mariano Rajoy se enfrenta con uno de los más importantes problemas desde que fue elegido, hace un mes en el congreso de Valencia, presidente del Partido Popular: la posible imputación del tesorero nacional del partido, Luis Bárcenas, por cohecho y delito fiscal.
La imputación por parte del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que hasta ahora no había encontrado datos suficientes como para dar ese importante paso, significa la intervención de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ya que Bárcenas y otro posible implicado, Jesús Merino, miembro de la dirección del grupo parlamentario popular y persona muy cercana a la portavoz Soraya Sáenz de Santamaría, tienen la condición de aforados .
Bárcenas es senador por Cantabria y Jesús Merino, antiguo vicepresidente de la Junta de Castilla y León, es diputado por Segovia, y ambos aparecen como receptores ilegales de abultadas cantidades de dinero de la ‘trama Gürtel’, que hasta el momento ha terminado con la carrera política de varios alcaldes de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, varios consejeros y diputados regionales madrileños y ha llegado hasta la Comunidad valenciana con la imputación del presidente Francisco Camps y el secretario general del partido, Ricardo Costa.
Rajoy, que ha aplicado distintas varas de medir, aceptando responsabilidades políticas en la Comunidad de Madrid y haciendo una defensa numantina del presidente Camps, su más firme aliado dentro del partido, se enfrenta esta semana con una difícil situación cuando se haga pública, sobre todo, la imputación de Bárcenas, la persona que él nombró tesorero nacional en el congreso de Valencia en sustitución de Álvaro Lapuerta y al que, además, blindó judicialmente designándole senador por Cantabria, al parecer, a petición del propio Bárcenas, que ha estado ligado a las finanzas del partido desde hace veinte años.
Durante meses, Rajoy ha venido manteniendo que no se podría demostrar la no inocencia de Bárcenas, que sigue insistiendo en que las iniciales «LB» no se refieren a él, ya que hay otro «LB» en el sumario, Lucas Bagchus, relacionado con dos empresas, Vistra y Osiris, que han mantenido relaciones con la ‘trama Gürtel’.
Sin embargo, los datos contables de la trama coinciden con ingresos no declarados por Bárcenas a Hacienda, por los que la Agencia Tributaria inició hace años la consiguiente inspección, que prescribe a mediados del mes de julio, por posible delito fiscal.
En fuentes de PP se asegura que en cuanto se produzca la imputación, Bárcenas no será destituido, pero sí obligado a dimitir, dimisión que será presentada ante la opinión pública como una decisión del interesado para no implicar al partido, ni para que se sospeche que el escándalo afecta a la financiación del PP, como ocurrió con la dimisión obligada del europarlamentario Gerardo Galeote.
Rajoy, en entrevista al periódico El Mundo, vuelve a poner de manifiesto las dos varas de medir que está utilizando en un escándalo en el que pueden aparecer muchas más ramificaciones, y asegura que mantendrá su confianza en el tesorero nacional mientras «no sea imputado, ni llamado a ningún Tribunal y bajo una acusación firme».
En el caso de Francisco Camps, presidente de la Comunidad de Valencia, aunque el delito parece de menor cuantía y se reduce al escándalo de los trajes, el presidente del PP establece el listón en que un Tribunal declara su «culpabilidad», ya que se ha producido ya su «imputación» formal y ahora todo está pendiente de unas auditorías y de un informe de la Policía Judicial.
Desde el PP valenciano se venía manteniendo que después de las elecciones europeas, el ‘caso Camps’ sería archivado definitivamente, situación que hasta ahora no se ha producido.
Mal enfocado desde el principio y mal asesorado desde el punto de vista puramente procesal, Rajoy se ha ido metiendo poco a poco en un camino de difícil salida, que se está complicando ahora cuando más seguro se encuentra, después de las victorias de Galicia y de las elecciones europeas…
José Oneto