El presidente del Gobierno no ha tenido más remedio que anunciar su comparecencia en el Parlamento para explicar la crisis económica, según se ha decidido en la Junta de Portavoces a peticion de Izquierda Unida, peticion a la que se habían sumado Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Convergència i Unió (CiU) y, al final, el Partido Popular.
El argumento empleado por Izquierda Unida ha sido que Zapatero se había comprometido a dar cuenta en el Congreso de los Diputados de las medidas económicas contra la crisis cada tres meses y su última comparecencia se produjo el pasado mes de marzo.
Ante el temor de perder la votación, el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, ha anunciado que, en efecto, según lo prometido el presidente comparecerá en el mes de julio para explicar la sitaución económica, aunque todavía no se ha fijado la fecha.
Con esa comparecencia, y a la espera del cierre del modelo de financiación autonómica, que tiene como último plazo el 15 de junio, con ese debate sobre la crisis económica termina, de hecho, el curso parlamentario; un curso que comenzó con el debate sobre la crisis económica y terminará también con la crisis, cuando el Gobierno, todavía, se resistía a admitir a gravedad de la crisis, y cuando muchas de las medidas que se han ido tomando no han dado el del resultado esperado a pesar de que nuestro país es, probablemente, uno de los países de la zona euro que más porcentaje del PIB ha dedicado a estimular la economía, que en estos momentos aparece castigada por la deflacción.
La comparecencia de Zapatero, que todavía no se sabe si será después de la reunión del G-8 que del día 8 al 10 se celebra en L’Aquila -la capital italiana asolada por uno de los mayores terremotos de la historia del país-, a la que asistirá Zapatero, o después de cerrado el polémico conflicto de la financiación autonómica, se produce además cuando está a punto de pactarse el tope de gasto de los nuevos Presupuestos Generales del Estado y cuando la vicepresidenta económica, Elena Salgado, acaba de presentar el nuevo cuadro macroeconómico, que tiene poco que ver con las previsiones iniciales.
Por primera vez la vicepresidenta Salgado ha antepuesto el «realismo» a los «brotes verdes» de los que empezó a hablar el presidente del Gobierno durante la campaña electoral de las europeas.
Los nuevos objetivos presupuestarios fijados por Elena Salgado para el 2009 y el 2010 no dejan espacio para del optimismo. El Producto Interior Burto (PIB) disminuirá este año un 3,6% (respecto a una previsión inicial negativa del 1,6%) y un 0,3% el próximo año (frente a un crecimiento positivo del 1,2%) y un escaso 0,3% en el 2011, para volver a crecer muy lentamente a partir de un año electoral como es el 2012.
También empeorará el déficit público, que alcanzará el 9,5% del PIB a finales del 2009 (100.000 millones de euros), respecto al 3,8% el pasado año. Se podrán respetar los parámetros del Pacto de Estabilidad fijados en el Tratado de Maastricht solamente a partir del 2012.
La clave está si seguirán aumentando los impuestos, como insinuó hace sólo veinticuatro horas el secretario de Estado Ocaña, porque en efecto no se pueden mantener servicios sociales similares con los países nórdicos con una imposición parecida a la de Irlanda.
El problema es que aquí se había prometido bajada de impuestos porque, según Zapatero, «bajar impuestos es también de izquierdas»…
Pero, al final, la verdadera propuesta de izquierdas, que era aumentar los impuestos a los «ricos», a las rentas más altas, como en principio había pactado el PSOE con Izquierda Unida y Esquerra, ha quedado aparcada ante el miedo del grupo parlamentario socialista a provocar la ira de Convergència i Unió, grupo con el que todavía piensa que puede contar para aprobar los Presupuestos más complicados de todo el mandato de Zapatero. Unos Presupuestos que quiere pactar con la izquierda y con las minorías, pero para los que todavía confía en el apoyo de Convergencia si los catalanes aceptan el modelo de financiación…
José Oneto