Este fin de semana, después del Consejo de Ministros que presidirá Zapatero -recién llegado de su viaje por Estados Unidos-, y en el se aprobará el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, se conocerá, por fin, el alcance de la reforma impositiva que tantos disgustos le está causando al Gobierno y que tanto desgaste le ha producido en las últimas semanas.
Lo, que desde el principio, debería haber constituido toda una lección de pedagogía política para convencer a la opinión publica de que más gastos sociales, más prestaciones y más inversiones públicas, especialmente en autovías y alta velocidad, necesitan de más impuestos, sobre todo para contener un déficit público peligrosamente desbocado, se ha convertido en una auténtica lección de continua improvisación, de comedia de enredo en la que han intervenido más actores de los debidos y más guiones de los necesarios.
Casi todos los ministros económicos han interpretado su papel, han dado su opinión, han entrado en contradicción unos con otros, y hasta el propio presidente del Gobierno ha dicho una cosa y la contraria, hasta el punto de que, de momento, no se sabe cuándo subirá el IVA, quiénes van a ser los más afectados por los impuestos, qué tipo de rentas van a ser las perjudicadas y si, efectivamente, después de muchos mensajes populistas, van a ser los más ricos los que van a costear esas prestaciones para los más perjudicados por la crisis o para los pobres, en el nuevo lenguaje que ha introducido Zapatero en su última intervención en el Comité Federal del PSOE.
El propio presidente, desde Nueva York, no ha querido aclarar nada, aunque sí ha adelantado que las rentas más altas son las que tendrán que hacer más esfuerzo impositivo, sin concretar qué entiende él por renta alta y si, efectivamente, como le pide Izquierda Unida, se va a establecer un nuevo impuesto para las grandes fortunas (IPG), algo que manejó el presidente hace meses.
Sólo se sabe que se pretende recaudar punto y medio del PIB (Producto Interior Bruto), una cifra cercana a los quince mil millones de euros, algo difícil de conseguir si no afecta a las rentas medias, ya que ni con la anulación de la medida de devolución de los cuatrocientos euros, el replanteamiento del cheque-bebe, la subida del IVA, la subida de los impuestos especiales (carburantes, tabaco y alcohol) y un retoque para determinadas rentas altas, la cifra no sale, como acaba de poner de manifiesto el ex ministro de Economía con Felipe González Carlos Solchaga.
A partir de este fin de semana se abrirá un auténtico debate, técnico y político, sobre las líneas generales del nuevo Presupuesto, piedra de toque para el Gobierno de Zapatero y para el que tendrá que buscar las correspondientes alianzas parlamentarias, en un clima político que no es precisamente de tranquilidad y de sosiegos en el que se va a poner en duda si éste es el momento, en plena recesión, de un aumento de impuestos que lastrará aún más el consumo y la inversión.
Si difícil le resultó al ex vicepresidente económico Pedro Solbes conseguir los suficientes apoyos parlamentarios para la aprobación del Presupuesto que está en vigor y que ha sobrepasado todas las previsiones, peor lo va a tener su sucesora Elena Salgado que ya ha comenzado los correspondientes sondeos sin que, hasta el momento, parece que haya tenido mucho éxito entre los nacionalistas vascos y catalanes.
Pero como desde hace meses el verdadero ministro de Economía es Rodríguez Zapatero, que ha asumido todas las responsabilidades y todas las decisiones, aun en contra del criterio de los expertos y de los técnicos, tendrá que ser él el que se queme en una negociación que se presenta ardua y difícil.
José Oneto