El informe del COI sobre las candidaturas olímpicas no supone ningún desdoro para Madrid, aunque señale algunas supuestas deficiencias, como la delimitación de responsabilidades en el organigrama y, lo que resulta un tanto sorprendente, la adecuación de la legislación española al contenido del código de la Agencia Mundial contra el Dopaje. Un tanto sorprendente porque llama la atención que, si esto es así, se hayan celebrado en España y esté previsto hacerlo tantas competiciones deportivas internacionales de primer nivel. El alcalde Ruiz-Gallardón ha puesto, de todos modos, buena cara insistiendo en que, en el capítulo de críticas, Madrid sale mejor parada que sus competidores (es decir, hay menos), aunque el comité del COI establece un baremo de calidad que no favorece a la candidatura española.
La verdad es que este informe no solamente no es vinculante, sino que, en el fondo, no es muy probable que determine el voto de los miembros del COI, que se mueven por otros criterios asegurada una organización razonable, lo que ya existe, que se puede, en todos los casos, mejorar hasta el día en que se vote en Copenhague. Si no fuera así, las ciudades candidatas no habrían viajado por los cinco continentes hablando con los miembros del Comité antes de conocer este documento. Así que, más que lamentarse, lo importante ahora es iniciar el sprint definitivo, corregir lo que sea preciso y, sobre todo, explicar lo que, a la vista del informe, deba ser explicado.
El alcalde de la capital ha arriesgado mucho en esta apuesta, sobre todo en el tiempo, poco después de la elección de Londres y sin esperar a otros Juegos Olímpicos en distinto continente. Si las cosas salen como espera, el triunfo -y los beneficios de un acontecimiento como éste- será para España entera, pero el éxito personal de Ruiz-Gallardón será enorme, como lo fue para Maragall con motivo de los Juegos celebrados en Barcelona. Por ser evidente quiénes son los beneficiarios del hipotético éxito en Copenhague, Madrid 2016 ha tenido apoyo popular y apoyo institucional, uno de los elementos destacados favorablemente en el informe hecho público. Pero es evidente que el riesgo que para el país implicaría, de salir mal las cosas, un beneficio no recibido, para el político popular sería un revés. Más aun cuando su perfil político se ha visto afectado hasta ahora por la voluntad de mantener un exquisito trato con unos y con otros, es decir, con los que quería sumar al proyecto.
En este contexto, se echó en falta, en la reacción al informe, en su valoración, en la defensa de los puntos considerados más débiles por los comisionados, en la potenciación de los más fuertes, otras voces distintas de la del alcalde y los portavoces oficiales de la candidatura, sobre todo cuando algunos de los aspectos subrayados por el documento aluden a competencias que van más allá del municipio de Madrid. El riesgo de Ruiz-Gallardón es el suyo, pero el proyecto es de todos. Debería estar entre las prioridades del Gobierno, antes en el tiempo que la presidencia española de la UE. Debería estar entre las del PP y sus representantes institucionales en este comienzo del curso en el que parte de su reto es presentarse a los ciudadanos como una alternativa seria. Quizá incluso esté, pero debería notarse más. Ahora que comienza el sprint final de esta carrera de fondo todavía puede notarse.
Germán Yanke