Se habla de un pacto contra el terrorismo, pacto por la educación, por la sanidad, grandes pactos y pactos menores, pactos con luz y taquígrafos, pactos filtrados, pactos negociados, pero no se contempla un pacto por la igualdad social de los españoles. Infortunado quien considere esta opción como aceptable dentro del funcionamiento de una nación democrática, desventurado el que quiera examinar la organización territorial porque con los apoyos políticos del Gobierno de turno se habrá topado: le lloverán bofetadas dialécticas por todas partes.
Apoyos políticos, manjares suculentos que ningún partido que gobierne o con posibilidades de lograrlo quiere dejar escapar. El sistema está organizado para que las comunidades españolas pasen a ser feudos de sus correspondientes presidentes, para que las conviertan en granjas particulares en las que malcriar a su adlátere mediante el folclore emocional. Las autonomías no procuran el mantenimiento de la justicia social. Son una hucha sin fondo, un agravio comparativo entre españoles, un ejemplo de egoísmo político y de ineficacia, un mercadeo en el que la barraca de feria territorial sigue las mañas del chalaneo. Los impuestos -tramo autonómico del IRPF además de otras sangrías dinerarias-, tasas y contribuciones especiales difieren de una comunidad a otra, así como servicios educativos, sanitarios y demás cuestiones de diversa índole, privilegios y desventajas propias del lugar en que residamos.
Abogo por la enseñanza de una nueva asignatura que se imparta en todo el territorio nacional (qué ocurrencia la mía, olvido que la educación está transferida) para que tengamos los conceptos claros; una materia que nos instruya en las competencias de las comunidades y las decisiones locales. Por razón de esta novedosa disciplina académica podríamos, con plena libertad y entendimiento, decidir dónde residir y tributar. Pese a que todos los españoles deberíamos disponer de los “mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado” según consta en el artículo 139 de nuestra Constitución, la realidad es otra bien distinta.
Quizá ahora el ciudadano responsable y concienzudo repase manifiestos e idearios de los partidos políticos. A diferencia de las competencias, muchos votos no han sido transferidos todavía.
Mariam Budia