Nada es peor, para la actividad económica, que el miedo, y el miedo es ya el ambiente que se extiende por todas las esferas y niveles de la actividad económica española. El convencimiento de que el Reino de España se encamina hacia la suspensión de pagos se une a la progresiva parálisis empresarial y a las evidencias de que nada podrá evitar que la economía española se despeñe por el precipicio de la estremecedora incompetencia gubernamental, mientras el principal responsable, la parte principal del problema, como señaló Durán i Lleida en sede parlamentaria, esto es, el presidente Rodríguez Zapatero, se ha encadenado al sillón de la presidencia del Gobierno y ha tirado la llave, para pavor de la ciudadanía. Mientras tanto, la realidad es terca y los mercados manifiestamente no creen en la deuda pública española y por ello aumenta su prima de riesgo, hasta el punto de que, por ejemplo, el diferencial con el bono alemán rebasa los 200 puntos básicos, sin que nadie, ni dentro ni fuera, conceda la menor credibilidad al plan de ajuste presupuestario presentado por el Gobierno. El final del final es que la temida default no es sólo una amenaza posible en el horizonte, sino que puede estar, como recientemente ha explicado el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, prácticamente a la vuelta de la esquina, porque España no va a poder hacer frente a sus compromisos en los próximos meses.
Y es que, como señala el extraordinario periodista Jesús Cacho en El Confidencial, cuyo importante crecimiento de lectores en los últimos tiempos es bien significativo, “aunque el endeudamiento de un país no sea demasiado alto en términos comparados, caso de España, los inversores pueden cuestionar su capacidad de pago si no se producen dos condiciones básicas, íntimamente relacionadas: la generación de ingresos para hacer frente a sus obligaciones, lo que implica que la economía tiene que crecer a un ritmo bastante mayor, y la aplicación de un recorte sustancial y creíble del binomio gasto/déficit público”.
Va más lejos en su sólido análisis, cuando explica que “si uno se ha liberado del cliché keynesiano y cree en el impacto expansivo de una política fiscal disciplinada, y ello porque la disminución de las necesidades de financiación del Estado libera recursos para el consumo y la inversión privada y porque, además, las familias y las empresas descuentan una menor carga tributaria futura y en consecuencia gastan e invierten, entonces no temerá la llegada de ese apocalíptico binomio que forman déficit y deuda. Pero para mantener alejado ese fantasma es condición sine qua non que el sistema financiero, bancos y cajas, funcione con normalidad, y que se apliquen reformas estructurales capaces de estimular la economía”.
Tal es exactamente la situación de la economía española. Como señala Jesús Cacho, por un lado, el mercado de crédito sigue severamente dañado, sin expectativas de mejora e incluso podría deteriorarse de manera adicional en los próximos meses cuando en algunas cajas de ahorro empiecen a emerger los problemas de solvencia que hoy esconden. Y es que, en pleno desarrollo de la terrible crisis económica global, las autoridades políticas y económicas del Estado español han seguido el peculiar “pasotismo” del presidente del Gobierno y no han hecho sus deberes, permitiendo así que la crisis profundizara y se extendiera por todo el tejido económico y financieros del país. Y es que, tomando ejemplo de Rodríguez Zapatero, y como señala expresivamente el tantas veces citado analista Jesús Cacho, “nuestros cargos públicos se han acostumbrado a vivir bien dando esquinazo a sus responsabilidades, por notorias que fueren. Gusto al oropel con desprecio al sacrificio implícito en él”.
El estremecedor resumen de la situación es que no hay crédito y que tampoco hay reformas, porque, ausentes las reformas estructurales, no es serio reducir todo a la polémica reforma laboral, sin que además quede ni mucho menos clara una intención de llegar a las reformas estructurales profundas sin las que nada tiene mayor sentido cuando el pavoroso espectro que tenemos delante es nada menos que la suspensión de pagos del Reino de España. Al margen del “papelón” de los sindicatos si sus dirigentes ceden a las conveniencias políticas y aceptan los evasivos embauques del actual inquilino de la Moncloa, la patronal CEOE debe ser consciente de que se juega todo su crédito en este envite, y su presidente, Díaz Ferrán, no puede o no debe desaprovechar la inmensa fuerza de negociación que le otorgan las dramáticas circunstancias de la economía española. El mismo Jesús Cacho hace una sugerencia bien razonable: “Con cerca de cinco millones de desempleados, ha llegado el momento de dar a los parados la oportunidad de trabajar con independencia de cuáles sean los días de indemnización en caso de despido futuro. ¿Por qué no dejar elegir a quienes ya no tienen nada que perder?”. Parece difícil negar la aplastante lógica de esta sugerencia, porque en una situación en la que no se hacen reformas en profundidad y cada día es más difícil el crédito para familias y empresas, con lo que la economía sigue en recesión o estancada, y con unos tipos de interés nominales que crecen por encima del PIB, la deuda pública no sólo mantendrá sino que acentuará su carrera alcista, haciendo cada vez más difícil que el Reino de España pueda cubrir sus emisiones de bonos.
Como señala Jesús Cacho, “la creciente preocupación en torno a la posibilidad de que España termine enfrentada a un problema de solvencia en un plazo de tiempo muy breve, antes o inmediatamente después del verano, se está traduciendo en lo que alguien con fundamento ha definido esta semana como la mayor salida de capitales ocurrida desde la muerte de Franco. Huyen por la desconfianza en un Gobierno que hace mucho tiempo perdió la batalla de la credibilidad para lidiar con una crisis tan brutal como la presente, y por la amenaza de subidas de impuestos para las rentas altas, que une, a la impericia técnica, la revancha ideológica. Justo lo contrario de lo que acaba de hacer, por ejemplo, el nuevo Gobierno húngaro. En España, por el contrario, no sólo ha desaparecido el ahorro extranjero que financió nuestra brillante burbuja, descanse en paz, sino que nuestros Montillas, Griñanes y demás familia, al grito de ¡que paguen los ricos!, han decidido poner en fuga nuestro propio ahorro. La estulticia en España no conoce límites”. Comparto este análisis de la primera a la última línea, y el final del final es que la terrible profundidad y el descontrol alcanzados en nuestro país por la crisis económica es inevitable que conviertan en político el problema económico. Para decirlo con entera claridad, estando como estamos ya al borde del estremecedor horizonte de la default, el cambio de Gobierno es un imperativo de salud pública y de instinto de supervivencia económica. Ningún dirigente político puede ser eludiendo su cuota parte de responsabilidad y todos deben ser capaces de ofrecer a la nación, en estas horas críticas, una alternativa parlamentariamente viable de un Gobierno capaz de recuperar el crédito y el respeto. Eso, o las elecciones generales anticipadas, porque seguir como estamos es un auténtico suicidio nacional. Es tiempo de grandes decisiones y de grandeza de espíritu, tiempo para la concertación que exige la salvación de la economía española y por tanto del bienestar de los españoles. Nada menos.
Carlos E. Rodríguez