La fotografía de la bronca del nuevo capítulo de espionaje político del Partido Popular en Valencia responde a un espacio y tiempo donde las partes coinciden en los hechos (hubo espionaje) y donde se abren dos posibilidades, ambas propias de la torpeza policial cuando en Valencia se palpa el estado de excepción. Una hipótesis apunta a un agente secreto descubierto por perseguir a Rita Barberá. Otra señala a los posibles intereses políticos de Israel tras la furgoneta espía que denuncia el PP.
Veamos los elementos. Jueves 10 de junio. Siete de la tarde. Calle Quart, Valencia. En la sede del Partido Popular la alcaldesa Rita Barberá presenta su nueva página web. Uno de sus escoltas, policía local, atento, suspicaz y «al que no se le escapa nada», como diría su jefa minutos más tarde, alerta de un vehículo sospechoso en la puerta de la sede. Es una Citroën berlingo, blanca, de lunas tintadas.
En la jerga policial se trata de una Apolo, una furgoneta camuflada dotada de todo tipo de elementos de vigilancia (cámaras, micrófonos, grabadoras). Requerido por el escolta, el agente se identifica como miembro del Grupo IV de la Brigada de Información de la Policía Nacional y reconoce hacer grabaciones en la zona. Su objetivo, señala, no está en la sede, sino 30 metros a la derecha, en el Jardín Botánico.
El PP, acto seguido, pide las cintas registradas por las cámaras de seguridad, amplía la imagen, marca en rojo y con un círculo la ya famosa Citroën espía y convoca una rueda de prensa blandiendo las imágenes. La denuncia es gravísima, la alcaldesa de Valencia asegura ser víctima de un espionaje de Estado con escuchas y grabaciones ilegales, ‘un Gran Hermano gigante’ instado por el Gobierno, que hostiga a la formación política de la oposición y utiliza, para ello, policías nacionales.
Acostumbrados como estamos a que detrás de cada espionaje popular haya una gran noticia, cabía preguntarse: ¿Qué ha pasado? El PP confirma su versión. Nada nuevo. Fuentes de la dirección socialista valenciana aseguran, a golpe de primera llamada, no darle ninguna importancia a la denuncia. “Aquí ya nadie se toma en serio las declaraciones de los populares, estamos anestesiados contra las barbaridades, es un chiste más”. Pido, por favor, que averigüen algo más. Frente a todas las barbaridades del partido había una furgoneta, ¿Qué hacía ahí? ¿A quién seguía? ¿Por qué grababa? A las pocas horas, una respuesta convincente. “Próximo a la sede del PP está el Jardín Botánico, donde, a la misma hora de su convocatoria pública, se celebraba un acto de solidaridad con Palestina, con profesores, periodistas valencianos y uno de los chicos que estuvo en la Flotilla de la Libertad. Les seguían a ellos”.
¿Vigilancia policial a los activistas que acaban de regresar de un secuestro donde podían haber muerto? Parece que sí. El comunicado oficial de la delegación del Gobierno lo reconoce sin tapujos. “La presencia policial en la cercanía de la sede respondía a temas y actos completamente ajenos a dicha formación, aunque se desarrollan en las inmediaciones de su sede”. El agente judicial dijo lo mismo. La brigada de Información a la que hizo referencia es una de las más especializadas, recoge información sobre grupos violentos, radicales o vinculados al terrorismo yihadista.
Por eso, quienes convocaron el pase del documental ‘Más allá del muro’, porque en eso consistía el acto de apoyo a Palestina, no han dado crédito. Manuel Tapial, activista in situ en el Mavi Marmara, antes de las preguntas por la Berlingo blanca, pasó la mañana en el Ministerio de Exteriores detallando a un interlocutor de Moratinos la futura denuncia ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno de Israel por crímenes de lesa humanidad, intento de homicidio, secuestro. Dicen tener pruebas de las amenazas que reciben desde que llegaron y han temido por su vida. No es para menos, casi la pierden hace pocos días. Su recelo policial es lógico (y constitucional), no son los delincuentes, sino víctimas, y sólo quieren saber quién les vigila; ‘los suyos’ o el Mosad.
El PP ha pedido lo mismo. Una explicación ante los tribunales. Si la juez investiga, es probable que el resultado no encaje con las fobias persecutorias del partido (donde vieron a Garzón, hoy ven espías), pero ayudará a esclarecer por qué Interior utiliza estos dispositivos opacos de vigilancia, y qué tipo de autorización judicial justifica grabar a jóvenes activistas y universitarios en un acto abierto al público.
Estos tiempos revueltos dan estas conjunciones. El grupo pro palestino presentará la misma denuncia que el PP. En Génova 13 mantienen que hay espionaje de Estado, los activistas denuncian que la policía trabaja en función de los intereses de Israel, y si no fuera por la relativa gravedad de los hechos, las últimas advertencias de Rita Barberá rozan lo cómico. Atentos aquellos cuyos actos privados no puedan resistir un espionaje, según dice la alcaldesa, “a estas horas no hay una sola furgoneta espía, hay tres o cuatro más dando vueltas por Valencia”.
Pilar Velasco