Corren ríos de tinta que abren periódicos a cuatro columnas y suenan repetidos mensajes sobre los movimientos de la ilegalizada Batasuna en la dirección de incorporarse a la democracia y renunciar a la ventaja del terrorismo de ETA, a la hora de implantar su ideario, no importa cuántos sean los desafectos. Acuerdan éstos con una formación independentista legal debilitada en las urnas -Eusko Alkartasuna- la unión para trabajar a favor de un Estado independiente y renunciar a la violencia que “otros” pudieran ejercer para presionar en una “negociación multipartita”, que ya dan por hecha. Hasta aquí el movimiento, el cambio de una izquierda abertzale que pugna por regresar a las instituciones, y a la que van en acogida políticos y medios, no sólo independentistas.
Apenas un año después de la constitución de un Gobierno de cambio en Euskadi, tras décadas de Ejecutivos nacionalistas, la vuelta a la expectativa de iniciativas en favor de la legalización de Batasuna sin una ruptura expresa con ETA sólo parece tener un destinatario: la debilitación del Gobierno presidido por Patxi López y respaldado por el PP y UPyD. Ofensiva que hubiera tenido acogida más allá del campo nacionalista que tachó la fórmula de “antinatura” y que fue aceptada en su día con resistencias por sectores del socialismo y por algunos medios de comunicación.
La eclosión de la campaña sucede, pues, cuando aún tintinean las celebraciones del primer aniversario del Gobierno de cambio que aúna -no se olvide- a dos partidos acosados por el terrorismo de ETA, y meses antes de que el Gobierno de Zapatero afronte su principal reto con el debate presupuestario del 2011, en horas difíciles para lograr alianzas. El PNV, cuyos seis votos en el Congreso adquieren un peculiar valor, fue claro semanas atrás diciendo que su apoyo tenía un precio. Todos entendieron cuál.
Horas antes del acuerdo EA-Batasuna, escenificado con solemnidad en el Palacio Euskalduna de Bilbao, al que acudieron 80 periodistas, 35 medios de comunicación y 30 cámaras de TV, el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, convencido de un “cambio radical” en la izquierda abertzale, difundía un documento en el que plantea la conveniencia de abrir un camino que posibilite su vuelta a la legalidad con el argumento de que ETA llega a su fin. El mensaje, coherente con las posiciones que ha mantenido siempre el presidente del PSE, irrumpe en la política antiterrorista del Gobierno y en la estabilidad del pacto vasco. Patxi López zanjó con rotundidad la expectativa de Eguiguren en el Parlamento vasco, pero el mensaje del socialista guipuzcoano gravitará sobre la credibilidad de su Gobierno. Nada será igual.
Tampoco ha faltado entre el PP quienes observan, como Mayor Oreja, con radical escepticismo la estrategia socialista, incluida la del Gobierno de Vitoria. El presidente del Grupo Popular europeo considera que en esta polémica los tres actores políticos -Rubalcaba, López y Eguiguren- no dicen sino lo mismo. En estas circunstancias, el Gobierno de cambio tendrá que redoblar la convicción en sus mensajes para no devaluar sus políticas, como las de la tolerancia cero contra el terrorismo y la educación para la libertad. No en vano aún está presente la reciente negociación con ETA y aún más la reivindicación de tal iniciativa por parte de dirigentes socialistas, como algo que debilitó a la banda armada.
No hubo en el acto de unidad estratégica entre EA y Batasuna una declaración autocrítica del camino recorrido por la formación ilegalizada. Por el contrario, ambos establecen que “hemos llegado al momento actual en las condiciones suficientes para lograr cambios estructurales (…) con convicción, resistencia, entrega, lucha denodada y rebeldía”. Así, afirmaron que “La independencia es el único modo de asegurar el futuro de Euskal Herria (…). Sin Estado propio tenemos el riesgo de perpetuar la imposición y la subordinación”. Nada se dijo de la imposición del terrorismo sobre sus objetivos potenciales. Tampoco EA.
Siempre pueden encontrarse motivos para la esperanza si se parte de que los principios Mitchell en lo que respecta al “compromiso exclusivo con las vías pacíficas y democráticas para la resolución del conflicto” implican el desarme de la banda. Pero el discurso recuerda al que Euskal Herritarrok (la marca de entonces de Batasuna) esgrimió en el pacto de legislatura durante la tregua de Lizarra (1999-2000). También entonces se comprometieron con las vías exclusivamente políticas y democráticas, pero luego callaron ante los sucesivos crímenes, como los primeros de Blanco y Buesa.
Diez años después, el eco que aún logran las diversas maniobras de la izquierda abertzale refleja la fuerza de los efectos del terrorismo y la fragilidad de la batalla por la libertad democrática. ¿Qué orfandad envuelve a la sociedad vasca para reclamar la vuelta a la legalidad de Batasuna, cuando aún persiste la existencia de ETA? ¿No será un síndrome de Estocolmo, una confusión intrincada en un recurrente mar de fondo?
Otra cosa será la deriva de EA, partido que surgió de un lehendakari (Garaikoetxea) que asistió a los atentados de cientos de asesinados por la banda en los primeros años ochenta. Entonces respondía a los batasunos que le gritaban: “Faltan los presos”. Y él les decía: “Y los muertos, también”.
Chelo Aparicio