Desconozco los detalles de la tramitación judicial en la Comunidad Valenciana, desde hace ya tres años por lo menos, de una denuncia sobre supuestas irregularidades en los contratos relativos al tratamiento de residuos en una comarca de Alicante. Me parece bien, naturalmente, que estas y otras cosas se investiguen y se aclaren y, si fuese el caso, que se exijan las correspondientes responsabilidades.
Sin embargo, lo ocurrido el martes no puede dejar de sorprender por la forma en la que se han hecho una serie de diligencias –al parecer son por el momento meramente policiales- que han afectado, hasta la detención, al presidente de la Diputación de Alicante, varios empresarios y tres concejales de Orihuela. No es que los políticos, de mayor o menor rango, deban ser tratados de modo distinto al resto de los mortales y, por ello, la legislación vigente establece que, en caso de detención, se procure el menor daño posible. La notoriedad de algunas personas si exige, por tanto, que el cuidado en el cumplimiento de esta norma lo tenga en cuenta. Pero en este caso, además, el asunto deviene esperpéntico, lo que está muy bien para algunos titiriteros, pero nada bien para el funcionamiento de los poderes del Estado.
Sabemos que se trasladaron policías de Madrid a Alicante para hacer registros que se podrían haber saldado con la petición judicial de los mismos. No sabemos de qué se acusa a Ripoll y los demás. Tampoco si estuvieron “detenidos” o “retenidos” por la Policía que, al parecer, esgrimió una paradójica “detención técnica”. El citado político tiene una citación con membrete de Interior para comparecer en el juzgado y una nota del Tribunal Superior de Valencia señala, al mismo tiempo, que , además de decir que no hay orden de detención de persona alguna, “no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial”. Es decir, que, en todo caso, se trataría de una citación ante la Policía que, aclara de nuevo el Tribunal, no se ha comunicado al poder judicial.
No es serio. Incluso para hacer daño al PP se podrían haber hecho las cosas con un poco más de inteligencia y respeto a las formas. Todo hace pensar que, independientemente de la tramitación judicial, estamos ante un burdo montaje que resulta altamente preocupante. Si el presidente de una Diputación puede verse envuelto en un laberinto penoso y estrambótico como este, ¿qué no podría ocurrirle a un ciudadano sin su poder? ¿O es que se trata de un sistema diseñado específicamente para personas como él?
Germán Yanke