En esta legislatura han caído todas las ecuaciones menos una: el alcance de una trama de corrupción es proporcional a la virulencia de la reacción del partido al que afecta. Hay dos parámetros que no fallan; cuanto más lo niegan, mayor es el saqueo, y cuanto más atacan a quién les señala, más altos son los cargos culpables del seísmo.
La última réplica ha sido en Alicante. El pasado 6 de julio la policía nacional detenía al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, tres concejales de Orihuela, dos empresarios clave y otros menores hasta llegar a once detenidos. Diecisiete registros a empresas, instituciones y domicilios, precedieron al traslado de detenidos para tomarles declaración.
Es la ‘Operación Brugal’, tres años de instrucción, Gürtel segunda parte. Las comisiones salieron, ironías del guión, de los contratos de basuras y residuos. Más de doscientos millones de euros de negocio para ciertas empresas del que un puñado de políticos ha podido repartirse algún pellizco; y un partido, el PP local, recibir en sus arcas, del talón de los mismos empresarios, otros tantos pellizcos.
Sobre esto no han aclarado nada. Pero las detenciones, según máximos responsables populares, habían sido ilegales. Y la actuación policial, ‘un gran teatro’, ‘bochornoso’, ‘un esperpento’. Esa misma tarde, a cuarenta grados, con la presión de todas las miradas, los policías judiciales de la Unidad de Delitos Económicos trabajaban sobre el terreno sin salir de su asombro. Pedían, en conversación telefónica y calidad de fuente, que los periodistas no entráramos al trapo, que no explicáramos el recorrido habitual de una explotación. “El Estado de derecho”, dijo uno de ellos, “no se explica, ni justifica”. En este caso, el rigor estaba de su lado.
Ley de Enjuiciamiento Criminal en mano, el centenar de agentes actuó según marca el paso del artículo 520. Para desplazarse a la Diputación, al domicilio del presidente Ripoll, o subir al furgón en plenos San Fermines al empresario Enrique Ortiz (ya conocido por Gürtel, primera parte) y conducirlo a Alicante, hacen falta varias firmas del juez. Por un lado, los mandamientos judiciales (diecisiete, nada menos), que destinan un secretario judicial por actuación. En los registros, levantan acta in situ y anotan quién interviene (policías, detenidos y personas presentes). Los agentes marcan, folian y precintan cada papel que cogen. A disposición judicial quedan las toneladas de documentación y los acusados, a quienes han leído sus derechos y posibles delitos.
Durante setenta y dos horas, guste o no, la policía puede retener e interrogar al detenido bajo su responsabilidad y criterio. Es un trazado judicial inamovible, funciona para un asaltante de cajeros automáticos y para el sursum corda de la diputación alicantina.
Entonces, ¿Por qué el juez no se enteró? Es un misterio, la autorización era suya. ¿Por qué forzó un comunicado del Tribunal Superior de Justicia valenciano? No sabemos. Pero en algo no mintió: ese día, el magistrado, vía oficial, no supo nada. Carlos San Martín, 34 años, titular del juzgado 3 de Orihuela, responsable del atestado anticorrupción de más calado que instruye su juzgado, decidió tomarse el día libre.
Lleva cuatro meses y tal vez no recuerde, ni sepa, ni haya querido leer los primeros apuntes del sumario. Corría el 2006, año dorado, cuando el empresario Ángel Fenoll se quedó fuera de las contratas de basuras. De origen gitano, derrochador, amante de las cadenas de oro, la langosta y los animales salvajes, este capo alicantino contrató a un detective para grabar cada paso en falso de cualquier político-comisionista que se cruzara, a favor o en contra, de sus intereses. El día que las circunstancias se pusieron en contra, entregó una cinta a los medios. El alcalde de Orihuela reaccionó: “No quiero saber nada de Fenoll, de la cinta, ni de su contenido. Que la unidad judicial investigue”. “Pero – le preguntaron – ¿Dice que hay cien millones para usted?, “Pues que me los manden por cuenta corriente”, zanjó.
De aquellos lodos, vienen estas basuras. Imputado el presidente de la diputación Alicantina, José Joaquín Ripoll, por cohecho y prevaricación, se suma a los trajes de Camps, o a los millones sin justificar de Fabra en Castellón. Definitivamente, la unidad judicial, como pidió el alcalde, ha investigado. El resultado, una comunidad, tres corrupciones.
Pilar Velasco