Ironías de la vida, los dos jueces que están apretando las tuercas contra Baltasar Garzón –Luciano Varela y Manuel Marchena– llegaron al Tribunal Supremo al mismo tiempo, en el año 2007. Varela, el instructor del caso del franquismo, logró esa cotizada toga con el respaldo de la minoría progresista en el Poder Judicial; Marchena, el instructor del caso de los cursos de la Universidad de Nueva York y el Santander, fue nombrado a propuesta de los conservadores. ¿Quién dijo que la izquierda y la derecha de España eran incapaces de ponerse de acuerdo en algo?
“Yo soy la moneda para compensar la elección de Marchena”, decía de sí mismo Varela a sus compañeros del juzgado. ¿Y quién es Marchena? Fiscal de carrera, hizo méritos entre la derecha como número dos del fiscal general Jesús Cardenal, su principal mentor y, probablemente, el fiscal del Estado que más se ha esforzado en servir al Gobierno que le nombró, el de José María Aznar. Cardenal, supernumerario del Opus, fue famoso, entre otras cosas, por su actuación en casos como el de Ercros, por sus dudosamente constitucionales opiniones sobre el divorcio, los anticonceptivos o el aborto; o por su comprensión con las dictaduras sudamericanas de Chile y Argentina. Al frente de la Fiscalía, Cardenal –con la ayuda de Marchena–, puso todos los palos en las ruedas posibles para frenar la investigación de Garzón sobre Pinochet.
Ambos magistrados se vuelven a encontrar, aunque ahora es Garzón el acusado. Manuel Marchena lleva la instrucción de un caso con una imputación gravísima: que Garzón se dejó sobornar por el banco que preside Emilio Botín y que por ello archivó una querella contra el banquero. La acusación es terrible hasta que se conocen los detalles. El más importante: que aquella querella no fue archivada por orden exclusiva de Garzón, sino que también pidió el archivo la Fiscalía y después la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respaldó la decisión. Incluso el propio Tribunal Supremo, que ahora instruye contra Garzón, avaló el archivo de esa querella.
Pero como la santa inquisición española no entiende de minucias, que dios y Federico Trillo lo quieren, Marchena ha aprovechado la instrucción para ordenar que se investiguen todas las cuentas del juececillo valiente. La decisión es inaudita por varios motivos. Marchena en su auto, no pide un dato en concreto sino una causa general: todos y cada uno de los ingresos, todo su patrimonio. También es extraño el cuerpo policial elegido para la investigación: nada menos que la Guardia Civil, en lugar de lo más lógico, que habría sido la Policía judicial. Escoger a los de verde no parece casual, ya que son sobradamente conocidas las malas relaciones entre este cuerpo y Garzón, que siempre ha mimado más a la Policía Nacional en la particular rivalidad entre ambos por las medallas de ETA.
Las malas lenguas en la judicatura dicen que Marchena está haciendo méritos para ser Fiscal del Estado cuando el PP vuelva a gobernar. Y el movimiento, visto desde esa óptica, es una jugada ganadora. Lo más probable es que la investigación judicial a las cuentas de Garzón no encuentre evidencias de lo que Marchena instruye: una relación directa o indirecta entre el patrocinio del Santander y las cuentas corrientes de Garzón. Pero poner boca abajo las cuentas de cualquier persona que no tenga una única fuente de ingresos es siempre una operación arriesgada para el investigado, por honesto que sea. Y el informe de la Guardia Civil también dará jugosos detalles de algo ya conocido: que Garzón gana mucho dinero porque por algo es uno de los españoles más respetados en todo el mundo. ¿Cuánto cobró por su libro junto a Pilar Urbano? ¿Cuánto gana por cada conferencia? ¿Cuánto ingresa al año de sus cursos en el extranjero? Desde luego, mucho más que Manuel Marchena o que Luciano Varela.
Probablemente, estos y otros datos sobre la economía de Garzón, irrelevantes para el caso que instruye el juez Marchena, sean pronto carne de primera página en el diario El Mundo. Es posible también que después Garzón vuelva a ganar otro juicio a Pedro J. Ramírez, como ya pasó el 29 de mayo de 2007, cuando el director de El Mundo fue condenado por el Juzgado de primera instancia número 3 de Pozuelo de Alarcón por atentar contra su honor. Será, en cualquier caso, una pírrica victoria, si es que se repite. Hay decisiones judiciales que, pase lo que pase, nunca llegan a noticia de portada.
Ignacio Escolar