Hace un mes, a bombo y platillo, el Presidente Obama anunciaba que la intervención estadounidense en Irak entraba en una fase post-militar. «Nuestro comprometido personal civil — diplomáticos, personal humanitario y asesores — toman el relevo de apoyar a Irak», decía el presidente. El Departamento de Estado iba a empezar a hacerse cargo de las cuestiones de formación y asistencia antes satisfechas por el Departamento de Defensa, con vistas a la salida de todas las tropas regulares estadounidenses dentro de 15 meses. Esta fase de la guerra de Irak se bautizó Nuevo Amanecer.
El Congreso ha respondido a esta estrategia recortando los fondos de las iniciativas civiles en Irak de formas que podrían minar los logros duramente ganados y poner en peligro vidas estadounidenses. Los recursos se redujeron en el proyecto de ley de gasto extraordinario 2010 y se recortan drásticamente a través de los presupuestos del Comité de Asignaciones del Senado para el ejercicio 2011. Esta semana, el Secretario de Defensa Robert Gates — en un infrecuente caso de secretario del gabinete de presidencia que lucha por la financiación de otro departamento — respondía: «El Congreso asestó un gran tijeretazo a los presupuestos del Departamento de Estado presentados para este proceso de transición. Y es uno de esos casos en los que, habiendo invertido una cantidad enorme de dinero (en la guerra), ahora discutimos por una minúscula cantidad de dinero, en términos de llevar esto a una conclusión satisfactoria».
Estas acciones han acaparado cierta atención por los probables riesgos que entrañan para los diplomáticos, los expertos en formación y el personal humanitario que operan en un lugar peligroso sin una protección militar. El Departamento de Estado está buscando helicópteros y vehículos blindados antiminas. Tendrá que emplear por fuerza a miles de contratistas adicionales de seguridad con habilidades no recogidas en el temario del Cuerpo Diplomático: recuperación de aparatos abatidos, desactivación de explosivos, salvamento de personal abatido y herido de gravedad.
Pero el problema va más allá de Irak. Estos recortes evidencian un enfoque presupuestario manirroto que puede perjudicar a la seguridad estadounidense en la inminente era de austeridad.
Existe un amplio acuerdo conceptual en que las herramientas civiles de la seguridad — el desarrollo, la diplomacia, el apoyo técnico para consolidar a las administraciones débiles — no han sido nunca más importantes. Fue un puntal de la estrategia de seguridad nacional del último presidente. Es un compromiso de la nueva política de desarrollo global de Obama. Es la piedra angular de la doctrina antiterrorista del ejército.
Y a pesar de ello: casi todos los años los presupuestos del Congreso y los comités de asignaciones recortan la fracción de los presupuestos destinada a cuestiones internacionales en un porcentaje superior a la solicitud del presidente y mayor que el de cualquier otra partida presupuestaria. Es un objetivo político fácil y tentador.
Ciertos conservadores tienen una desconfianza instintiva hacia el Departamento de Estado y USAID, la agencia de desarrollo de América. Ellos prefieren aportar financiación al Departamento de Defensa, cuya contribución a la seguridad estadounidense parece más tangible — tan tangible como un tanque. Algunos izquierdistas desconfían de utilizar el desarrollo para alcanzar objetivos de seguridad nacional, como si el uso de dinero público se viera ensuciado al satisfacer el interés de la población. De forma que les gusta la construcción de la identidad nacional en un lugar como Bosnia, pero no en Irak.
Lo estricto de los próximos presupuestos sólo va a reforzar estos reparos ideológicos. Pero los recortes en la financiación del desarrollo y la diplomacia son esencialmente irrelevantes de cara al debate fiscal, puesto que la categoría de cuestiones internacionales representa alrededor del 1,4% de los presupuestos federales. Sin la reforma de lo social, tales recortes son inútiles. Con la reforma de lo social, tales recortes son innecesarios. Reducir la ayuda exterior es puramente simbólico — pero aún así perjudicial.
Aletarga una parte de nuestra conciencia emocional. La relativa prosperidad de América y su compromiso fundacional con la dignidad humana universal convierten oportunidades en obligaciones. Los derechos de la mujer en Afganistán tienen valor para nosotros. Las muertes totalmente gratuitas de menores africanos a consecuencia de la malaria nos ofenden y nos empujan a actuar. Elimine estas tendencias morales de la política exterior estadounidense y podemos seguir siendo una gran potencia — pero dejaremos de ser reconociblemente estadounidenses.
Existe, sin embargo, un argumento menos idealista. Los peores desafíos de nuestro mundo — el terrorismo, el tráfico de estupefacientes, el tráfico de esclavos, las mafias de delincuentes, los flujos de refugiados, las pandemias — surgen en general de estados débiles, regiones anárquicas y partes desahuciadas del planeta. Al alentar la esperanza y el progreso, la salud y la buena administración pública, consolidamos la seguridad de América. Esto es evidente en Irak, donde un estado disfuncional complicaría infinitamente los intereses estadounidenses. Es igualmente cierto en el caso de Pakistán, Nigeria y otros lugares estratégicos.
Esta convicción bipartidista sustentada de forma generalizada está a punto de ser puesta a prueba en sentidos muy prácticos. Los Republicanos, si se alzan con la mayoría en el Congreso en noviembre, han prometido reducir el gasto administrativo federal a niveles de 2008, con la excepción en el caso de los programas de seguridad nacional. ¿Se va a conceder inmunidad por motivos de seguridad nacional al gasto en desarrollo? Debería. Si no es así, tanto nuestros ideales como nuestros intereses sufrirán.
Michael Gerson