Los consumidores tendrán que seguir pagando el canon digital. Las personas jurídicas -instituciones, empresas, administraciones públicas- no deben pagar la compensación por copia privada. Es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el debate más controvertido de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2006. El canon no se puede aplicar indiscriminadamente y sólo deben pagarlo los particulares en compensación por la copia privada. La sentencia también justifica su inclusión en el precio de los equipos digitales.
El sistema del canon digital recibe su peor varapalo. El cobro del canon a administraciones y empresas es una de las grandes partidas de la recaudación de SGAE, Cedro, Egeda y otros. El Ministerio de Cultura y las entidades de gestión se han apresurado a subrayar la legalidad de la compensación por copia privada y a su predisposición a buscar alternativas para no perder ingresos. Temen una avalancha de compradores pidiendo facturas a nombre de empresas: el colapso del sistema y un enorme problema para los vendedores y el gobierno.
Por ahora no está claro qué ocurrirá con lo pagado y cómo reclamar. Las empresas tecnológicas encuentran respaldo a su oposición al canon desde el principio: no se debe gravar los soportes de copia indiscriminadamente.
La sentencia europea, que debe ser refrendada por la justicia española, condena a los particulares a seguir pagando. Las entidades de gestión querrán repercutir sobre los clientes lo que dejan de percibir con un aumento de precios del canon o la imposición de una tasa a los proveedores de acceso a internet por las descargas y el streaming. Una de las reclamaciones de los defensores de la propiedad intelectual que gana terreno en Europa.
Reformar el canon no es suficiente. Es la hora de volver a abrir la discusión sobre la propiedad intelectual. El canon, la ley Sinde y la persecución de las descargas por la futura Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, las desconexiones de usuarios en Francia o Gran Bretaña, las secretas negociaciones de ACTA –el acuerdo internacional contra la piratería- y la discusión sobre el futuro de la neutralidad de la red son diversas caras de los cambios provocados por la tecnología, la cultura y la economía digital.
No se puede seguir funcionando con viejas leyes que limitan la innovación y los derechos de los usuarios, perjudican a los autores y sólo benefician a intermediarios y negocios en disputa constante con sus principales clientes.
Juan Varela